Los ciclos de recesión son tradicionalmente más proclives a la actividad irregular. Sin embargo, el Ejecutivo estima que es el momento de suavizar la vigilancia a trabajos fuera de la ley.
Llegó 2009 y, con él, el año más duro para la economía española en su historia reciente, según coinciden los organismos internacionales y gran parte de los analistas del sector privado del ámbito doméstico.
La recesión ya está aquí y aparece como la mejor carta de presentación para aquellos que buscan cómo ahorrar unos euros al margen de la ley. Los expertos no dudan de que los ciclos recesivos son los más proclives al auge de la economía sumergida, caracterizada por aquellas actividades tan irregulares como cotidianas. Entre otras, los empleos sin contratos en regla, una infracción muy denunciada por los inmigrantes.
El colectivo de trabajadores extranjeros está siendo precisamente uno de los más afectados por la recesión, debido a la fuerte destrucción de empleos en sectores de mano de obra intensiva, como la construcción. En 2008, 243.100 inmigrantes se sumaron a la lista del paro y su tasa de desempleo alcanza el 17,45%, según el INE.
Con este diagnóstico en la mano, el Ejecutivo –que asiste a un fuerte declive de sus ingresos– lanza su propia receta y en plena crisis relajará la vigilancia a la economía sumergida. Así lo ponen de manifiesto los Presupuestos Generales del Estado para 2009 que acaban de entrar en vigor. En concreto, “las actuaciones orientadas al control de la economía irregular y trabajo de extranjeros” bajarán más de un 8% este año. Así, las inspecciones referidas a inmigrantes sumarán 450.000, frente al medio millón de 2008. Tampoco se intensifican las visitas a empresas, que se mantienen en 210.000.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración justifica que esto se debe a que “se han adoptado medidas organizativas para lograr mayor eficacia” en sus actuaciones. Pero ese objetivo genérico no especifica ninguna medida concreta en los Presupuestos Generales del Estado de este año, que vertebrarán la economía del país. También asegura que con su hoja de ruta “se pondrán obtener al menos 50.097 altas en la Seguridad Social”, es decir, blanquear una bolsa importante de empleos sumergidos.
Pero los escasos recursos destinados a supervisar la contratación ilegal en 2009 chocan con el espíritu de la reforma de la Ley de Extranjería anunciada por el Gobierno. Entre otras cosas, revisa en profundidad la lista de infracciones en la contratación ilegal de extranjeros e impulsa un endurecimiento de las penas y los mecanismos de control sobre los empresarios fraudulentos.
Además, Trabajo ya ha tomado medidas para reducir al máximo la contratación en origen de inmigrantes. En 2009, tan sólo concederá 900 plazas del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.
La economía sumergida mueve en España en torno al 20% del PIB, es decir, más de 200.000 millones. Un fraude demasiado alto para Hacienda y la Seguridad Social, pero que con la crisis actual podría elevarse todavía más.
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