Es el Gobierno federal el mayor generador de economía informal
40 millones de mexicanos están en la economía subterránea
El Occidental
10 de diciembre de 2009
Redacción
Guadalajara, Jalisco.- El país conserva un nivel razonable de estabilidad macroeconómica, pero no logra crecer de manera sostenida y, aunque necesita retomar el crecimiento económico para evitar los brotes de inconformidad social, la decisión de implantar paquetes fiscales volcados sólo a cobrar más impuestos a los mismos contribuyentes cautivos, sin ampliar la base de contribuyentes, constituye un grave desacierto de las autoridades federales y no alienta la inversión.
Tanto las tasas de los impuestos como la complejidad para calcularlos y pagarlos han crecido significativamente durante los últimos años, mientras que el gasto corriente del sector público sigue en aumento en el Gobierno Federal, en el Poder Legislativo, en el Gobierno del Estado y en la mayoría de los ayuntamientos de Jalisco, que evidentemente no reflejan austeridad ni transparencia ni la disposición de querer resolver serios rezagos sociales.
Un foro de análisis de las modificaciones fiscales federales para el año 2010 que realizó la Federación de Colegios de Profesionistas de Jalisco (FCPJ), bajo la dirección de los contadores públicos certificados José Manuel Peña Maeda e Ignacio Camarena Ávalos, resaltó también que la crisis económica que afecta a México, aunque en algunos aspectos ha sido manejada con prudencia, también es cierto que ha restado dinámica a algunas estrategias para sacar al país del estancamiento económico y político en el que se encuentra.
Por ello, los aumentos a las tasas del ISR, del IVA, del IETU, del IEPS y del IDE, así como la eliminación de los estímulos fiscales relativos a la investigación y el desarrollo tecnológico, desmotivan la inversión productiva, la generación de nuevos empleos y están obligando a micros y pequeños empresarios, profesionistas y otros trabajadores, a desplazar sus actividades hacia la economía informal, que carece de regulaciones fiscales gubernamentales, que no contribuye al sostenimiento del gasto público y que, en cambio, sí exige un trato privilegiado para disponer de espacios y servicios públicos.
Durante un fructífero diálogo con consejeros y socios de la Federación, que coordinó Juan Carlos Sáinz del Toro, vicepresidente de la FCPJ, Peña Maeda y Camarena Ávalos dijeron que el país cuenta con sólo 25 millones de contribuyentes, de los cuales 14 millones son trabajadores asalariados, mientras que la economía informal está compuesta ya por unos 40 millones de personas y tiene un movimiento económico superior al 50% del Producto Interno Bruto (PIB). "Ninguna autoridad ha mostrado interés por resolver este grave problema", dijeron.
"Las autoridades deben promover ya reformas de fondo para regular fiscalmente a los tianguis, los comerciantes ambulantes y otras manifestaciones de la economía informal. No es posible que por compromisos políticos se establezcan privilegios fiscales para que las grandes empresas dejen de pagar impuestos, con deducciones permitidas legalmente, mientras que la carga sigue recayendo sobre los trabajadores y otros causantes cautivos", agregaron.
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