Trabajadores informales exigen ser incluidos en reforma de la LOT

La promesa electoral hecha en 1998 por el entonces candidato a la presidencia del país Hugo Chávez, cada vez parece más distante de concretarse.

Y, aunque plantea importantes cambios en materia laboral y por ende productiva, un grueso del sector económico se siente relegado y exige ser considerados y partícipes de los beneficios.

El sector, al que se hace referencia no es más que los llamados trabajadores por cuenta propia, lo que incluye a la economía informal, pequeños comerciantes, buhoneros, y cualquier ciudadano que se dedique a una actividad de forma independiente.

De acuerdo con cifras obtenidas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), hasta julio de 2008 el 91,5% de la población nacional se mantiene activa. De este 56,4% se dedica al sector formal mientras que el restante 43,6% al informal.

Mas, la realidad contrasta con estos números y basta con realizar un recorrido por la ciudad, y se observa como en las calles de zonas periféricas y centrales de Puerto Ordaz y San Félix abundan los puestos improvisados.

Los servicios que abarcan una amplia gama y van desde peluquería, manicure, pedicure, películas, frutas, verduras, carnes, pescado, comida preparada e incluso para realizar una llamada son labores desempeñadas por ciudadanos que aunque están preparados académicamente no pudieron obtener un empleo fijo y debieron buscar la mejor forma de obtener un ingreso.

Como le sucede a Miriam Pomontti, madre de ocho hijos y que como único ingreso tiene su pequeño puesto de venta de tequeños en la acera de su casa en la urbanización Gran Sabana-Parcelamiento. Ella como muchos otros hombres y mujeres por no emplearse en una empresa formal, no se verán beneficiados por una propuesta que de acuerdo con los diputados que la debaten se basa en criterios novedosos y nace de las necesidades del pueblo.

Cambios planteados

De los 675 artículos que contempla la vigente Ley Orgánica del Trabajo (LOT) cerca de 300 serán modificados. Entre estos destaca el tema de la reducción de la jornada laboral y el regreso de la retroactividad de las prestaciones sociales.

Acerca del recorte en el tiempo de trabajo, los parlamentarios plantean que de las 8 horas diarias se lleve a 6 o 5 horas con un máximo de 36 horas semanales tanto para quienes laboran en el día como las guardias de noche. En consideración con las necesidades productivas de las empresas se estudia aprobar a la par una jornada diferenciada, en la que se podrán adecuar el recorte de horario.

En el tema de la retroactividad de las prestaciones que se promedian de acuerdo con el tiempo de servicio y sobre el último salario del empleado, se están analizando dos posibilidades. Una es retomar el esquema que estuvo activo hasta 1997, en el que se calculaban siguiendo el último pago recibido; y la segunda es un sistema mixto que agrega 15 días anuales a la modalidad pasada.

El pago de utilidades que actualmente equivale a 15 días, se maneja la información de que podría haber una bonificación de entre 25 hasta 45 días de salario. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional encargada de la reforma estipula entre los cambios lo referido al bono vacacional que podría subir a 45 días, cuando en la normativa actual tiene un límite de 21.

Otro punto que los voceros han dejado vislumbrar en distintas declaraciones se plantea tanto en las empresas del sector privado como público el periodo de prueba para ingresar ya no será de tres meses, sino de un mes.

Asimismo, en relación con la estabilidad laboral, ya se sometió a discusión que los despidos deberán ser tramitados primero por la Inspectoría del Trabajo previo a que se retire al trabajador de la empresa, de no cumplir con el procedimiento se anularía el despido y acarrea un castigo, que aún no han sido aclarado si será del tipo administrativo o penal.

En el instrumento legal se hace presente además la alternativa de que el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, actualmente a cargo de Roberto Hernández, cuente con un organismo que tenga la potestad de aplicar sanciones, como lo haría una “superintendencia”, a quienes no cumplan con las disposiciones de la normativa y en especial en materia de reenganche de los empleados.

Al respecto el diputado Oscar Figuera, presidente de la comisión que dirige la propuesta, declaró a medios nacionales que aunque no se han establecido las especificaciones al respecto se trabajaría el rol de los funcionarios en el cumplimiento de la ley.

Retroceso productivo

Aunque los planteamientos de los diputados sean desconocidos por quienes resultarán los principales beneficiados, para quienes tienen que solventar todos estos aumentos -los dueños de los pequeñas y medianas empresas- aseguran se les dificultará cubrir todas estos gastos.

Representantes de la Alianza Empresarial, han manifestado al respecto que debido a la crisis financiera que afrontan las empresas básicas, el comercio en Ciudad Guayana registró un decrecimiento en sus ingresos lo que se traduce en menos capacidad de inversión y por ello recorte de presupuestos.

Sobre ello la empresa consultora, Ecoanalítica, expuso recientemente en un reporte que las reformas laborales aprobadas en los últimos años han generado desde el 2007 un incremento del 12,2% en los costos laborales de las compañías nacionales.

Esto recorta automáticamente la capacidad financiera de las empresas, como sucedió con la modificación hecha a finales de 2004 a la Ley de Alimentación en la que creció considerablemente el número de trabajadores que tenían derecho a recibir el bono de alimentos.

Image A pesar de que dicha reforma es reciente, se está gestando otro cambio en el que todas las empresas con al menos diez empleados pagarán este beneficio, quienes empleen entre 5 a 9 personas cancelarán el 75% del mismo; y si se trata de 1 a 4 será el 50% del beneficio.

Sumado a la creación y cambio en los cuerpos legales, la inflación, el actual clima de desinversión y merma en las ventas y producción a nivel nacional son agentes que señalan no es el momento más oportuno para aprobar dicha normativa.

Inclusive para el Estado nacional en el que se ocupa un amplio sector laboral resultaría perjudicial, debido a la baja en los ingresos que depende en un 90% de la exportación del barril del petróleo cuyo precio se mantendría según los economistas entre 76 y 80 dólares.

Pendiente reforma del Sistema Público Nacional

Aunque el Ministro de la Salud, Jesús Mantilla, declaró que el sistema Nacional de Salud entraría en vigencia en el 2009, la discusión de la propuesta permanece detenida en la Asamblea Nacional.

Esto, se debe a que los costos que acarrean para el estado la inversión en el sector salud además del aumento de gastos que generaría el aumento de beneficios laborales de la propuesta de la LOT, son mucho mayores que los ingresos que actualmente mermaron por los precios del barril de petróleo.