El proyecto de Reforma a la Ley del Régimen de Zonas Francas (N.° 17.340), ya fue dictaminado y ahora está en espera de primer debate. Las zonas francas, en términos generales, son áreas geográficas delimitadas sin población residente, donde se establecen empresas que se dedican al procesamiento, manufactura o producción de bienes o prestación de servicios destinados, principalmente, a la exportación o reexportación, con condiciones favorables de pago de tributos o derechos de importación. ¿Le resulta rentable a Costa Rica otorgar estos beneficios e incentivos? La respuesta es sencilla: sí.
Costa Rica es un pequeño país en extensión territorial y número de habitantes que compite dentro de una economía global. Desde el ingreso de Intel a nuestro país, aspiramos a convertirnos en una plataforma mundial de bienes y servicios, principalmente de media y alta tecnología.Y con el tiempo lo hemos ido logrando. Hoy somos el cuarto país exportador de alta tecnología del mundo, únicamente superado por Filipinas, Malasia y Singapur, y en promedio en los últimos 10 años, el 55% de las exportaciones de zona franca son de media y alta tecnología. Cuando hablamos de competir en zona franca, no nos imaginemos que nuestros competidores son nuestros vecinos centroamericanos. No, cada vez que una empresa multinacional decide establecerse en un país, Costa Rica debe competir con países de otras latitudes y no únicamente con nuestros vecinos.
Para ser competitivos y lograr ser el país de elección de empresas multinacionales, tenemos que ofrecer ciertas condiciones mínimas que hagan atractiva la elección de nuestro país como lugar para establecer operaciones: infraestructura, telecomunicaciones, incentivos fiscales y seguridad social, entre otros; de lo contrario, simplemente escogen otro país.Algunas personas que objetan, por ejemplo, eximir a las empresas de zonas francas del pago de impuesto de renta sobre utilidades, se olvidan que en el año 2008, por cada US$1 de exención de impuesto sobre la renta que el país otorgó en zona franca, recibió US$5,8 a cambio. Esto, sin mencionar probablemente el aporte más importante que estas empresas hacen al país: generación de empleo formal.
El empleo directo en zona franca para el año 2008 alcanzó los 53.000 puestos, de los cuales más del 77% corresponde a empresas de manufactura avanzada, dispositivos médicos y servicios de valor agregado. Además, este régimen generó el año anterior más de 150.000 empleos indirectos. Mientras que en el sector productivo nacional, para el 2008 el salario promedio fue de US$511, en zona franca alcanzó los US$ 842,50; es decir, un 65% más. Nuestro país reporta aproximadamente un 40% de la población económicamente activa, dentro de lo que se denomina “empleo informal”; esto significa que casi 4 de cada 10 trabajadores activos no están declarados en la CCSS y, consecuentemente, no reciben la protección social necesaria y tampoco gozan de las garantías legales mínimas que la legislación laboral les otorga. Es trabajo en condiciones precarias. El problema es que cuanto más desempleo formal haya, mayor es la posibilidad de que crezca el empleo informal.
Cuando uno ve esta cifra tan alta y a este dato se le suman los 35.000 empleos formales que se han perdido desde que nuestra Asamblea Legislativa tiene en sus manos el proyecto de Ley de protección del empleo en momento de crisis (N.° 17.315), resulta inexplicable la lentitud con que actúan nuestros legisladores y lo que eso afecta el país por falta de acuerdo entre las fracciones mayoritarias para aprobar leyes que protejan a los trabajadores.
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