Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el mercado laboral mexicano precisa que de 34 países analizados sobre los salarios o compensaciones económicas que se pagan por hora en la industria manufacturera, México se ubicó en el penúltimo lugar.
Sólo superó a Filipinas en la lista, mientras que quedó por debajo de países asiáticos como Corea, Taiwan, Hong Kong; de Europa oriental, como Polonia y Hungría; o bien de América Latina, como Brasil, donde los trabajadores manufactureros reciben mejores salarios respecto a los pagan las empresas mexicanas.
“México optó por adoptar el paradigma de bajos costos como mecanismo de competitividad (…) Paradigma que se ha mantenido en las últimas décadas y que se ha reflejado en el deterioro de las percepciones salariales. El salario mínimo real ha perdido entre 1994 y 2007 un 25 por ciento, lo que ha debilitado el poder adquisitivo de los trabajadores y ha afectado de manera negativa al mercado interno, reduciendo la posibilidad de dinamizar la economía”, puntualiza la investigación difundida por la CEPAL y a cargo de Clemente Ruiz Durán, consultor del organismo.
Aunado a lo anterior, se indica que la legislación laboral mexicana permite la existencia de diversas relaciones “que no proporcionan algún tipo de seguridad social, ni permanencia en el puesto de trabajo, lo que ha llevado una baja permanencia laboral, estimándose que el 60.9 por ciento de la población cuenta con una antigüedad inferior a cinco años”.
El documento advierte que resulta “claro que el problema de la creación de empleos no se resuelve en el propio mercado laboral, sino que es consecuencia de lo que ocurre en la economía en su conjunto”, para lo cual establece que se deben contar con políticas industriales que fomenten una alta demanda e integración del mercado interno, porque de lo contrario los subsidios al empleo “resultan irrelevantes”.
El mercado laboral de México es el segundo más importante de América Latina pero se ha caracterizado por “la insuficiencia en la generación de empleos ante la creciente población económicamente activa”, lo que ha derivado en una constante precarización de los empleos y una incesante migración hacia Estados Unidos.
Quienes optan por permanecer en el país, se han enfrentado a un mercado segmentado donde sólo algunos acceden a un trabajo de calidad, en tanto que el resto se enfrenta a procesos de precarización, ocasionada por la falta de una institucionalidad que cubra con seguridad social a todos los mexicanos para garantizarles niveles mínimos de bienestar, asevera el documento del organismo regional.
De los más de 30 millones de trabajadores subordinados que existen en el país, apenas la mitad cuenta con un contrato laboral por escrito y sólo un 10 por ciento de la población ocupada está sindicalizada, lo que implica que “gran parte de la población ocupada no tiene certidumbre sobre su participación en el mercado laboral”.
El 60 por ciento de los trabajadores subordinados sin contrato escrito trabajan en micro negocios, “que es donde se concentra fundamentalmente el mercado informal” e incluso se observa que una parte importante de los mismos labora en su domicilio particular o de manera itinerante. O bien en instalaciones de otras empresas debido al outsorcing o tercerización del trabajo por parte de las grandes empresas, lo que ocurre “de manera más intensa en las industria manufacturera”, desde las ramas metálicas, químicas o del plástico hasta la de bebidas y alcohol.
A la prevalencia de una competitividad basada en bajos costos salariales y una regulación poco eficiente y debilidad institucional por una inadecuada inspección del trabajo, Ruiz Durán, consultor de la CEPAL, considera que las políticas de empleo que se instrumentan resultan “poco profundas” y han dado “escasos resultados”.
Refiere que el gobierno federal pugna por una reforma laboral que busca flexibilizar la contratación individual “legalizando algunos de los mecanismos que se han venido utilizando ilegalmente por las empresas, como lo son los contratos a prueba, la reducción de los requerimientos de capacitación, la flexibilización de la forma cómo se lleva cabo la contratación colectiva y la reducción de los mecanismos de protección de los trabajadores”.
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