Argentina: Conflictividad laboral

Horacio Meguira (ACTA)

Al rebajarse los salarios y el poder adquisitivo, la importancia de preservar el puesto de trabajo es relativa, por lo tanto el trabajador tiene mayor ánimo para jugar en el conflicto. Prevemos un crecimiento de la conflictividad del sector privado.

Por lo tanto, no es descabellado prever un incremento de la conflictividad laboral en el sector privado en el curso de este año. Notamos un crecimiento de la conflictividad informal que no tiene sujeto y no tiene titular.

La cantidad de conflictos desde el 2003 al 2007 varió del 13 al 18%. Hay muchos conflictos que son autorregulados por los trabajadores y no interviene ninguna entidad sindical. Otro elemento de conflictividad es que hay una saturación, es decir, no importa la amenaza de la pérdida de empleo.

Dentro de la informalidad existe una gran parte de trabajadores que no están totalmente en negro, sino que se ven afectados por algún tipo de irregularidad, como percibir un salario por una menor cantidad de horas de las que realmente trabaja, o cobrar algunos ítems del sueldo en negro.

En esa situación hay cerca de un millón de trabajadores lo que, técnicamente, no se llama evasión sino elusión.

En el primer trimestre del año se perdieron unos 225.000 empleos, en función de las cifras oficiales de las altas y bajas de la Seguridad Social y haciendo una posterior proyección del empleo no registrado. Respecto a las proyecciones del empleo informal son bastante cercanas a las del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) que acaba de informar que se ubica en 37 por ciento.

Según nuestros cálculos, actualmente hay subsidios -que van de 300 a 600 pesos por trabajador-, que paga el Estado por alrededor de 92.000 puestos de trabajo, siendo la gran mayoría para la mediana y la gran empresa.

No se está subsidiando a la pequeña y mediana empresa, que tiene la mayor cantidad de empleabilidad. Está subsidiando con un criterio de seguridad. Lo que está utilizando como criterio el ministro de Trabajo de la Nación Carlos Tomada es que no haya conflicto, no que no haya despido.

En este sentido, la CTA reclama una política que prohíba el despido, producto de la emergencia, o sea, que nadie puede despedir sin un procedimiento que acredite la crisis.

En realidad, lo óptimo sería que el Gobierno decida sancionar, como en la mayor parte de los países del mundo, la prohibición del despido sin causa, instrumento que blanden las corporaciones empresarias como una espada de Damocles para disciplinar a los trabajadores.

Horacio Meguira es Director del Observatorio de Derecho Social de la CTA.