Siete ONG elaboran un convenio, de carácter informal, que establece un salario mínimo de 803 euros, el alta en la SeguridadSocial, la compensación por días festivos y vacaciones para las asistentas.
S.G.C. Para Marta Cecilia la felicidad es que el despertador suene cada día a las seis de la mañana, cuando las farolas aún iluminan las calles y caminar sobre la ciudad es conquistarla. Madrugar significa que hay trabajo y que todavía es posible seguir enviando dinero a casa. Hace ocho años que se despidió de su hijo y de un país, Colombia, en el que le resultaba imposible la tarea supuestamente básica de trabajar y ganar dinero para sobrevivir.
“Allá, cuando una persona tiene más de 30 años no encuentra un empleo”, aclara. Del momento en el que pensó en cruzar el océano recuerda poco, quizás porque más que una decisión fue una necesidad. Hoy mantiene sus papeles en regla –“el año pasado me renovaron el permiso”– y después de pasar por varios hogares en los que ha trabajado limpiando y cuidando a mayores, ahora se mantiene como empleada por horas en dos domicilios de la capital gracias a Cruz Roja.
Se considera afortunada, porque desde verano la demanda en el trabajo doméstico ha disminuido y muchos de sus compatriotas están en paro. “Cuando estoy con otras amigas que no encuentran empleo acabo deprimiéndome”, declara. La situación de Marta Cecilia es una de las muchas que vive el colectivo inmigrante en la provincia. El virus de la crisis ha afectado especialmente a la construcción, un sector fundamentalmente ocupado por hombres, muchos de ellos extranjeros.
De ahí que el peso económico de la inmigración haya recaído sobre ellas, que fundamentalmente acceden a empleos domésticos. La necesidad de un trabajo en tiempos difíciles favorece la explotación laboral. Por ello, las ONG que trabajan con este colectivo en Granada han creado una Plataforma para las Trabajadoras del Hogar, formada por más de siete colectivos, con el fin de defender unas condiciones laborales dignas para estas trabajadoras.
Juntas han redactado un documento que establece condiciones como el salario mínimo, la recompensación por días festivos, vacaciones, una tabla salarial según horas debidas o el alta en la Seguridad Social. Entre otras cuestiones se especifica qué supone un contrato de trabajo doméstico –por escrito o por palabra– y las posibilidades de finalización de contrato. Según señala el acuerdo, “estas condiciones mínimas han de ser respetadas, con la aclaración de que un trabajo como interna supone como tal alojamiento y manutención, sin poder descontarse dichos gastos del salario del trabajador”.
Marta Cecilia mantiene por el momento su trabajo por horas logrado gracias a Cruz Roja y se escapa del régimen de interna. “Lo fui unos meses, cuando cuidaba a una señora, pero vi que ya no podía más cuando se me rompió un brazo al intentar levantarla de la cama”, aclara. Su objetivo es lograr un contrato estable con el que pueda salir adelante y confía en que lo conseguirá. “Me gusta mucho Granada, quiero que mi hijo venga acá, estudia ingeniero industrial pero en Colombia no hay futuro”.
Según el colectivo Granada Acoge, el paro salpica a todos los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, pero resulta evidente que el colectivo más vulnerable es el de los inmigrantes. “El riesgo de la falta de trabajo es la posibilidad de que miles de personas puedan perder la renovación de su permiso de residencia, ya que para lograrlo hay que demostrar que aún se tiene un empleo”, señala Silvia Koniecki, presidenta de la asociación. “La gente no quiere regresar porque allí la situación es aún peor y eso puede favorecer la explotación”, añade.
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