La informalidad en Cúcuta

PEDRO DURÁN BARAJAS | 24 DE ENERO DE 2012

duranpedro@yahoo.com / www.pedroduranbarajas.blogspot.com

Los vendedores ambulantes se tienen que ir del centro y hace bien el alcalde en desalojarlos. A pesar de la popularidad de esa decisión, que por cierto me beneficia en mi condición de usuario cotidiano del Centro en donde tengo oficina, me permitiré hacer algunas reflexiones críticas sobre la forma en que se llevó a cabo y sobre el modo en que muchos cucuteños conciben el problema de la informalidad.

El Boletín Económico Regional del Banco de la República que recoge información del tercer trimestre de 2011 muestra que el empleo informal de Cúcuta es casi 68%. Respecto al tamaño exorbitante de esa cifra pueden ofrecerse muchas explicaciones. La economía de la frontera con sus pimpineros, maneros, bicicleteros y toda suerte de comerciantes informales, explica una parte. Los extensos circuitos económicos del narcotráfico y el contrabando explican otra. La dificultad y los costos de la formalización explican otra. La falta de gobierno, y especialmente de gobierno municipal durante las últimas décadas, explica otra más.

Como estamos habituados a ver que la economía informal reúne mucha riqueza, pensamos con naturalidad que los vendedores ambulantes son personas más o menos prósperas, reflexión respecto a la cual he oído comentarios basados en casos que, quizá por lo excepcionales, se hacen muy visibles. He oído decir cosas como estas: 1º Que hay individuos que tienen numerosos puestos de ventas ambulantes. 2º Que la mayor parte de ellos no son cucuteños, y vienen del interior del país atraídos por una tierra donde la falta de Ley se convierte en una gran oportunidad. 3º Que hacen parte de grandes grupos controlados por alguna suerte de organización mafiosa. 4º Que todos le pagan a las Bacrim. 5º Que existen porque definitivamente, en Cúcuta no hay quien haga respetar la Ley.

No dudo que existan casos que excepcionalmente se puedan caracterizar así, como tampoco dudo que esa manera de entender el problema de los vendedores ambulantes, que justifica su desalojo fulminante apelando a la fuerza pública, halle finalmente su razón de en que nuestra sociedad es, por desgracia, muy excluyente y muy parcializada a la hora de interpretar sus propios problemas.

La gran mayoría de los vendedores ambulantes son personas pobres, a las que la vida les ha negado la posibilidad de recibir educación secundaria o técnica y muchos son venidos del campo, por lo que el Estado y especialmente el Municipio, tienen la obligación legal de facilitar su tránsito a la formalidad. Por supuesto que hay que desalojarlos del Centro, pero trazando una política pública que les muestre un camino distinto a tener que integrarse a cualquier otra ramificación de la tupida red de nuestra economía informal, muchos de cuyos ramajes son, además de informales, ilegales y a veces hasta criminales.

Hay que hacer las cosas despacio para que salgan bien. En lugar de llegar a la alcaldía como los vaqueros bravos de las películas del Oeste, dándole un empujón a las puertas basculantes de la cantina y echando un par de tiros, para que todos los demás vaqueros se metan asustados debajo de las mesas, hay que presentar una política pública que muestre cuáles responsabilidades, y en qué términos, asume el SENA, cuáles el Municipio y cuáles otras organizaciones gremiales o de bienestar social, y establecer un cronograma que les permita a los vendedores ambulantes saber a qué tiempos atenerse, mientras definen una expectativa laboral distinta dentro de la economía formal, acompañados en ese difícil camino por la mano amistosa y firme del Municipio según la pauta establecida por la Corte Constitucional en la Sentencia de Unificación 360 de 1999.