viernes, 31 de diciembre de 2010

En Ciénaga la economía informal crece como la espuma

En Ciénaga la economía informal crece como la espuma



Hace apenas unos meses la Universidad del Magdalena realizó un estudio sobre la caracterización de los vendedores informales que tienen sus actividades alrededor de la plaza del Mercado Público de Ciénaga.
Sin embargo, las recomendaciones que de allí se derivan aún están en veremos y lo más probable es que el fenómeno de la "economía informal" en Ciénaga siga prosperando en su casco urbano, en especial, durante los meses de fin de año donde todo el mundo percibe cómo se incrementa este tipo de negocios.
Desde hace varias administraciones en Ciénaga se presenta una reconocida problemática en relación con el uso y control del espacio público. Esta situación se hace más notoria en la calle 17, desde la intersección de dicha calle con la Troncal del Caribe hasta la carrera 21, en un tramo de la carretera hacia la ciudad de Santa Marta, comprendido entre la carrera 20 y la zona conocida como "La Frutera" y, finalmente, en los alrededores del otrora Mercado Público, donde se agrupan, de manera caótica, un volumen considerable de vendedores informales (estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes), generando un conflicto permanente en cuanto al uso responsable del espacio público.
En el año 2005 los vendedores del Mercado de Ciénaga fueron desalojados por la Alcaldía Municipal para remodelar el establecimiento. El proyecto fue presentado con bombos y platillos. La idea era reconstruir el Mercado para hacerlo más amplio y mejor organizado, donde cada comerciante o vendedor tendría su puesto con unas condiciones de higiene y seguridad adecuadas.
Sin embargo, las obras quedaron inconclusas y el propósito quedó convertido en un verdadero elefante blanco. La postergación indefinida de las obras obligó a los comerciantes y vendedores a invadir el espacio público ofrecido por las carreras 6 y 5 entre las calles 16 y 20, hasta los mismos andenes (el 45% se encuentra ubicado sobre los andenes y el 55.1% sobre la vía vehicular) para poder realizar sus negocios.
Así mismo, el área interna del Mercado ha sido convertida, por efecto de la desidia oficial del gobierno anterior y el presente, en un lugar para actividades delictuosas y de letrina pública. De esta manera, los problemas que se observan en el espacio público de Ciénaga develan una crisis social caracterizada, en este caso, por la apropiación "desordenada" del espacio público, lo que termina ocasionando un deterioro ambiental, un caos vehicular, una pérdida de derechos del peatón y una facilitación de diversas actividades que riñen muchas veces con las normas legales establecidas por el Estado.
En el estudio realizado por la Universidad del Magdalena se encontró que el 52.5% de los vendedores (estacionarios, semi-estacionarios y ambulantes) eran de género masculino; mientras que el 47.5% eran de género femenino. El 83.5% de los vendedores eran propietarios de los respectivos negocios. El 81.3% había estudiado algún grado de primaria (36.3%) o de bachillerato (45%). El 11.5% tenía un nivel técnico y el 7.1% un nivel de educación superior.
El 65.8% eran personas casadas o en unión libre, lo que indica que un número considerable de ellas dependen de estas actividades informales. El 63.4% eran personas oriundas de Ciénaga y el 78.9% residen en la misma ciudad. Se sabe que algunos de estos comerciantes proceden de ciudades como Barranquilla y Santa Marta, en especial, durante las fiestas locales, los fines de semana y los días feriados.
En cuanto a la seguridad social, las cifras son bastante reveladoras: el 60% de los trabajadores informales no pertenecen a un régimen de salud; el 17% no ha sido "sisbenizado"; el 43% tiene este oficio como única fuente de ingreso para toda la familia; y el 52% no se beneficia de ninguno de los programas sociales ofrecidos por el Gobierno Nacional. El 61% de los entrevistados reconoció no estar en capacidad de realizar otro oficio diferente al de vendedor informal.
El 82.6% de estas personas tienen negocios estacionarios, mientras que el 17.4% son semi-estacionarios y ambulantes. La cifra alta de negocios estacionarios es preocupante en la medida en que con el correr del tiempo se van generando derechos que terminan costando cifras considerables al gobierno en el momento en que se toman las medidas de desalojo.
En efecto, la encuesta realizada por la Universidad del Magdalena reveló que casi el 40% tiene más de seis años de encontrarse trabajando en el mismo lugar. ¿Cómo hacen estas personas para mantenerse en el mismo sitio? El 36% llega muy temprano al lugar de trabajo; el 23% paga una vigilancia privada nocturna; y el 20% reconoció pagarle impuestos al Gobierno Municipal.
En cuanto a cómo consiguieron el lugar de trabajo, la investigación devela que la mayoría lo adquirió por la constancia (43% siempre se ubicaba en el mismo lugar); el 37% lo logró por medio de "herencia familiar" o por negociación con un tercero; y alrededor de un 9% lo logró por autorización del mismo Gobierno Municipal (aunque el 12% reconoció pagar impuestos al municipio de Ciénaga, el 95% de los encuestados admitió no conocer el destino de estos dineros).
Este último dato nos recuerda, como hecho curioso, que la actual Administración Municipal de Ciénaga, en manos del alcalde Luis Majín Gastelbondo García, condecoró con "caimán de oro", a un vendedor informal que lleva décadas ubicándose dentro de la Plaza de El Centenario.
Vale la pena señalar, además, que muchos de estos vendedores cuando deciden abandonar la actividad informal "negocian" con terceros el "derecho sobre el territorio" invadido. Muchos de estos puestos son vendidos por sumas considerables ante la cara de las autoridades como si fuesen negocios legalmente establecidos.
Los negocios instalados en la vía pública y andenes de Ciénaga ofrecen toda clase de mercancías: desde las ventas de verduras (pasando por zapatería, frutas, pescado, cacharrería, carne, comidas, licores, etcétera) hasta las de ropa. Cabe decir sobre la venta de ropa que aparecen durante los fines de semana toda clase de vehículos procedentes de otras ciudades como Barranquilla y Santa Marta que se establecen en los alrededores de la antigua Plaza de Mercado.
En cuanto al ingreso recibido por las personas como producto de este tipo de ventas, la investigación encontró que un 64% recibe menos de un salario mínimo al mes. Mientras que un 26% recibe ingresos por encima del valor de un salario mínimo mensual. Solo el 8% manifestó que recibe más de un millón de pesos al mes.
Todo parece indicar que variables como el desempleo y la falta de oportunidades laborales llevan a la gente a invadir el espacio público en Ciénaga. El 42% lo percibe como el lugar apropiado y justificado para el "rebusque"; incluso, el 57% declara a la invasión del espacio público como una alternativa de los ciudadanos, como una parte de la ciudad donde "todas las personas" tienen derecho al "libre acceso" o al "libre comercio" para poder resolver los problemas de supervivencia. Al menos el 74% declara estar dispuesto a considerar con el ente territorial una posible reubicación de sus negocios. Sin embargo, como lo habíamos advertido, el 60% demanda del municipio en este caso una indemnización de tipo económico.
La ausencia de una cultura ciudadana y de políticas y estrategias del ente territorial, en este sentido, han sido tan escasas y superficiales, tanto que los vendedores informales no sienten la mano del Estado al admitir el 85% que no conoce cuáles han sido las medidas que se han tomado oficialmente sobre este problema. No saben o no responden.
Menos del 1% considera que existen medidas por parte del gobierno del médico Gastelbondo García y que han sido buenas. Mientras tanto, el 8% manifiesta que las medidas tomadas por el gobierno sobre el manejo del espacio público han sido regulares y el 5% considera que han sido malas.
También debe considerarse que este tipo de negocios no sólo deterioran el espacio público y niegan derechos a otros segmentos de la población, sino que, tratándose de la venta de alimentos para seres humanos, presentan condiciones inadecuadas tanto en su manipulación como en su consumo. Muchos de estos sitios no tienen acceso al agua potable y a la luz eléctrica. Por lo tanto, el manejo de alimentos y sus utensilios para su consumo se hace demasiado precario.
En cuanto a los que poseen ventas estacionarias, estos reconocen como un problema para su actividad la presencia de vendedores semi-estacionarios y ambulantes. Sin embargo, el 17% de los encuestados reconoció tener vendedores o vitrinas en la calle para contrarrestar el efecto de los semi-estacionarios y ambulantes.
Además, admiten que las causas principales de este tipo de vendedores informales obedecen a la falta de oportunidad (así lo considera el 69%) y al bajo nivel educativo (así lo considera el 15%).
Claramente un 40% de los vendedores estacionarios observa como perjudicial la presencia de vendedores no estacionarios en andenes y calles frente a sus negocios. Señalan como consecuencias de esta presencia la inseguridad (38%), el impedimento de la circulación de peatones (31%) y la competencia desleal (12%).
Así mismo, califican de muy malas las medidas tomadas por el Gobierno Municipal un 33.3% de los encuestados; de malas un 19%; de regulares un 31% y de buenas un 16.7%. En este caso, el de la percepción de los vendedores estacionarios, también parece "rajarse" el actual gobierno del médico Luis Majín Gastelbondo García.
La investigación realizada por la Universidad del Magdalena pone al desnudo la precaria situación del manejo del espacio público en Ciénaga y es un campanazo más de alerta sobre formas de supervivencia que emergen como consecuencia de los bajos indicadores socio-económicos en la población.
Entre más se deteriora la calidad de vida de las personas, más se acentúa el fenómeno de la economía informal.
Las ventas informales, en los alrededores del Mercado Público de Ciénaga, manejan alrededor de $2.973.599.160 (dos mil novecientos setenta y tres millones quinientos noventa y nueve mil ciento sesenta pesos) anuales, beneficiando a 466 personas de manera directa. Una población nada despreciable para que no se desarrollen políticas sociales de recuperación y reconversión, sobre todo, si se tiene en cuenta a un número aún mucho mayor de otras personas que dependen de estos ingresos.

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