:::** Diario La Verdad **:::
La eliminación en sólo 96 horas del decreto que prohibía a comerciantes informales la venta de alimentos regulados dejó de manifiesto los "errores" en los que incurre el Gobierno en lo que se refiere a "cálculos" sobre impactos sociales.
El lunes el Ejecutivo lanzó una resolución que impedía a buhoneros la comercialización de rubros de primera necesidad, decisión que fue echada para atrás por el presidente Hugo Chávez apenas cuatro días después.
Natalia Sánchez, directora del Centro de Estudios Sociológicos y Antropológicos de la Universidad del Zulia (LUZ), aseguró que los efectos de la medida que pretendía aplicar el Gobierno alcanzaban a 40 por ciento de la población venezolana.
Números del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan que hasta el mes de mayo, en el país, 46 por ciento de los habitantes formaban parte del sector informal.
Sólo en la entidad zuliana, un total de 48 por ciento de la población no cuenta con un trabajo fijo, por lo que la mayoría de las personas que conforman ese grupo se dedican a actividades informales, como la comercialización de rubros de primera necesidad, precisó la socióloga.
En entrevista telefónica conLa Verdad, la catedrática explicó: "Hay un porcentaje de gente que no tiene un empleo formal y que necesariamente deben sumarse al sector informal".
"La medida afectaba a buena parte de la gente que de alguna manera está siendo productiva, al menos en términos de su núcleo familiar; es decir, llevando algo de comida para su casa".
La socióloga manifestó que el Ejecutivo "echó para atrás" la resolución porque se encontró en medio de un dilema, entre querer controlar la venta de alimentos básicos y generar malestar en la población.
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