El Congresista Isaac Mekler informó que ha presentado un proyecto de ley ante la Comisión de Seguridad Social del Parlamento para otorgar una pensión a aquellas personas que trabajan de manera informal. Explicó que en Perú el 70% de su economía es informal. (RPP, 24/05/2010).
Como ocurre con frecuencia en nuestro país, el congresista Mekler ha presentado una propuesta que persigue una causa justa, pero tiene poco sentido económico -y encima de todo es ilegal, ya que representa iniciativa de gasto, pese a que incluya alternativas de financiamiento aparentemente innovadoras que solo doran la píldora de la inconstitucionalidad mencionada. Quedémonos con el objetivo: permitir a trabajadores informales acceder a una pensión. Es más, ampliemos el objetivo: universalizar la cobertura previsional. ¿Qué esquema de incentivos se tiene que adoptar para lograr tal objetivo? ¿Qué cambios organizacionales se requieren? ¿Cómo se financiaría la reforma? Aquí algunas ideas preliminares al respecto.
El análisis de la informalidad que la reduce a que los costos de ser formal son muy considerables es, obviamente, parcial. Un análisis más completo, en el que se comparan los beneficios y costos de ser formal o informal, es más apropiado (ver documento Informality in Latin America and the Caribbean del Banco Mundial). Bajo este enfoque, la economía peruana es la quinta más informal del mundo, no solo porque lidiar con el Estado es costoso, sino porque los beneficios asociados a la formalidad son deleznables para la mayoría de los peruanos. En ese sentido, pese a que representa un avance del anhelo de tener una sociedad con oportunidades más parecidas, la Ley de Aseguramiento Universal de Salud y su reglamento son una oportunidad perdida para contribuir a conseguir lo anterior. Por ejemplo, la Ley no focaliza la intervención pública ni promueve la competencia en la provisión del aseguramiento de salud. No cometamos el mismo error con la universalización de las pensiones.
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