Aunque el estado de Puebla hay una recuperación del empleo de apenas el 3 por ciento, el crecimiento de la economía informal se incrementó en un 12 por ciento, por lo cual unas 830 mil personas se encuentran en el segmento de ciudadanos que no tienen contrato laboral, prestaciones sociales ni un salario fijo. Estas mediciones muestran que en la entidad no hay un mejoramiento del entorno económico real.
Las mediciones de la informalidad siempre han sido cuestionadas, y se considera que no miden este fenómeno con precisión, ya que no se abarca al personal que labora en muchas empresas establecidas y que tiene a sus trabajadores en condiciones precarias al no otorgarles prestaciones o un contrato, o bien la mayoría de sus puestos de trabajo son temporales.
El problema de fondo, y que debería de ser motivo de una profunda reflexión de quienes diseñan las políticas públicas, es que la economía informal, en mucho, es resultado de un régimen fiscal que ahoga a las pequeñas y medianas empresas, las cuales son las que más empleos generan en el país. Aun las grandes compañías enfrentan muchas dificultades para generar plazas de trabajo por las excesivas y complicadas cargas tributarias.
La mayoría de la población que se ubica en la informalidad no solamente enfrenta una alta vulnerabilidad por la falta de un empleo fijo, sino que también sufre un deterioro de su calidad de vida y engrosa las filas de la pobreza, al no contar con recursos para satisfacer demandas básicas de salud, educación y alimentación. Mientras esto no cambie, no podrán funcionar las políticas de desarrollo social de los tres niveles de gobierno.
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