Silvia Stang
LA NACION
En la Argentina, la devaluación conspira contra el beneficio.
Quienes sufren una situación de desempleo y hayan tenido una ocupación formal en relación de dependencia pueden acceder al pago de un seguro estatal.
Se trata de una prestación del sistema de seguridad social, que, más allá de las restricciones existentes para el acceso -para los informales o quienes no han tenido nunca un empleo hay otras prestaciones, pero con requisitos que las hacen no universales-, quedó desfasada en los últimos años por la falta de actualización de los montos.
La asignación, financiada con contribuciones empresariales, se define en la teoría como el 50% del mejor salario percibido en los seis meses previos a la cesantía laboral. Pero la cifra debe enmarcarse en los límites mínimo y máximo dispuestos, que hoy son de 250 y 400 pesos, respectivamente. Dado que el salario mínimo está en 1500 pesos, la prestación es, finalmente, de 400, tras haber perdido aquella relación pretendida con lo que la persona ganaba en actividad. En la práctica, representa un 13% del salario en blanco promedio de la actividad privada.
La inclusión en el seguro abarca otros beneficios: se mantiene la afiliación a una obra social; se computan los períodos para los aportes jubilatorios y se continúa con el cobro de las asignaciones familiares, que sí mejoraron en los últimos años: hoy, la prestación por hijo es de 180 pesos, y se eleva a 720 si se trata de un niño (o adulto a cargo) discapacitado.
El seguro se cobra durante no más de 12 meses, pero para llegar a ese período máximo hay que haber estado con un contrato formal al menos 3 años antes del despido o de la situación causante del desempleo. El monto de 400 pesos rige hasta el cuarto mes y luego se reduce.
Durante 2009, se liquidaron en promedio cerca de 140.000 prestaciones mensuales. Ese número equivale a un 10% de la cantidad de desocupados que el Gobierno reconoce.
En el caso de los informales, con ocupación o sin ella, el panorama cambió significativamente en diciembre último. Desde entonces, este segmento poblacional está alcanzado por el pago de la asignación por hijo de 180 pesos, hasta un máximo de cinco por familia. Esto no incluye, claro, a quienes no tienen menores a cargo.
Existen planes que otorgan recursos a desempleados más allá del requisito de las cargas de familia. El Seguro de Capacitación y Empleo del Ministerio de Trabajo prevé una asignación mensual de 225 pesos, contra el compromiso de asistir a programas de orientación laboral, y de estar activo en la búsqueda de empleo. A este programa fueron transferidos unos 100.000 ex beneficiarios del plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados.
El problema es que, salvo excepciones, el plan no se abrió en forma generalizada para permitir el acceso de quienes no estaban en aquel programa, algo que deja de reconocer el carácter dinámico que tiene la situación laboral en la vida de las personas, en especial de las menos instruidas, y sobre todo, en tiempos de crisis de la economía.
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