Autonomía económica: aún lejos de la plena equidad

Autonomía económica: aún lejos de la plena equidad

Están cada vez más presentes en los mercados laborales, pero las mujeres del istmo y República Dominicana siguen lejos de la plena autonomía económica.

Empleos precarios, informales, condiciones laborales rígidas, una estructura familiar que sigue cargándoles responsabilidades domésticas y brechas salariales llenan de tropiezos su camino de la casa al trabajo.

En el mundo, las mujeres representan el 50% de la población económicamente activa: solo en la última década más de 200 millones se han sumado a la fuerza laboral a escala mundial, lo que da cuenta de la importancia de su participación. En la región, la proporción de mujeres entre los empleados/as remunerados/as en el sector no agrícola varía significativamente entre países, y presenta un promedio general de poco menos del 40%, fuerte indicador de que las mujeres centroamericanas son sujetas económicas activas, es decir, que tienen la facultad de ejercer sus derechos económicos. Aunque han ido ganando espacios en el ámbito laboral, su participación está marcada por brechas relacionadas con la segregación ocupacional y la discriminación de género en los mercados laborales, es decir, la inserción laboral es diferenciada para hombres y mujeres. Una de estas brechas es la salarial. En general las mujeres de Centroamérica y República Dominicana perciben comparativamente alrededor del 76% del salario que reciben los hombres por realizar el mismo trabajo, pese a que ellas cuentan con mayor preparación educativa. Otra brecha es la relativa a la calidad del trabajo que desempeñan. El promedio regional de mujeres asalariadas urbanas es del 54,6%; el de trabajadoras por cuenta propia asciende a un 33,6%. Estos datos son indicadores de la precariedad laboral de las mujeres, en la medida en que apuntan a una alta incidencia del trabajo informal y vulnerable y a un muy bajo porcentaje de mujeres empleadoras. La precariedad laboral implica que las mujeres se ven más afectadas por la falta de cobertura de la seguridad social, por el limitado acceso al crédito y por tipos de contrataciones desfavorables (contratos temporales, de tiempo parcial, entre otros). En las zonas rurales las diferencias en la participación de hombres y mujeres en el mercado de trabajo son mucho más marcadas. La tasa de participación de las mujeres es de un 34,6%. La mujer rural de Centroamérica y República Dominicana tiene menor grado de escolarización que el hombre rural y que la mujer urbana; su participación en la población económicamente activa (PEA) es menor y se da principalmente en sectores de baja productividad; pocas veces es beneficiaria de programas gubernamentales de asignación de tierras y tiene un acceso al crédito limitado, menor que el disponible para las mujeres urbanas. La participación de los hombres jefes de hogar en el mercado de trabajo en Centroamérica y República Dominicana es superior a la de las mujeres (89,8% de hombres; 56% de mujeres). Estos datos muestran que se mantiene la división sexual del trabajo, así como la manera en que se reproducen los roles tradicionales de género, en donde el hombre es el encargado de obtener el ingreso principal del hogar, y las mujeres se dedican a atender las labores domésticas y de cuido. Pobreza con rostro de mujer La pobreza es uno de los principales problemas estructurales que más afecta el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres. Ellas soportan una carga desproporcionada de la pobreza mundial. Esta es una realidad que en muchos casos ha aumentado con la globalización. Las mujeres han sido las principales afectadas por la pérdida de empleos, de prestaciones y de derechos laborales. En el 2007, en América Latina y el Caribe hubo 184 millones de personas pobres (34,1% de la población), incluidos 68 millones de indigentes (12,6%). La población pobre e indigente ha venido disminuyendo en términos porcentuales de manera casi constante desde el inicio de la década de los 90, cuando alcanzó su punto más alto, hasta el 2008. Sin embargo, esta sigue siendo la región del mundo más afectada por la desigualdad distributiva. Si a esto sumamos que el aumento en el ingreso medio de los hogares se debe en buena medida a los ingresos por trabajo remunerado, es inevitable esperar que en tiempo de crisis se revierta la tendencia ante un incremento del desempleo y el alza en los precios de la canasta básica. Una de las consecuencias es el deterioro del ingreso de los hogares, lo que afecta en mayor medida a las personas que trabajan por cuenta propia y a las asalariadas precarias. Aún más, la crisis viene acompañada por un alza de los alimentos que afecta particularmente a Centroamérica y República Dominicana en la medida en que los mayores aumentos se han dado en productos esenciales para la canasta básica (arroz, trigo, maíz), y estos países no son exportadores netos de tales bienes. Si no se toman las medidas adecuadas, el impacto de la crisis sobre la autonomía económica de las mujeres provocará la pérdida de espacios ganados a la discriminación y desigualdad de género en las últimas décadas. Las filas del desempleo serán engrosadas principalmente por mujeres. El trabajo doméstico y de cuido recargará aún más el horario de estas en mayor medida que el de los hombres, asumiendo ellas mayores responsabilidades frente a la necesidad de disminuir gastos en los hogares para garantizar la subsistencia. A su vez, y a manera de círculo vicioso, estas limitaciones en la disponibilidad de tiempo afectarán su capacidad para aportar ingresos al hogar. Enfrentar la crisis La actual situación de las mujeres justifica tomar medidas de carácter económico y social a su favor, para compensar la influencia desproporcionada y negativa de la crisis sobre su calidad de vida. De acuerdo con la OIT, la crisis ha propiciado que se preste atención a la necesidad de cambiar el rumbo de la globalización, de modo que se incluyan empleos sostenibles y de alta calidad, una protección social más amplia y diálogo social. Para ello, las políticas necesitan sólidos componentes de género que mitiguen, e impidan en el futuro, los efectos dispares en mujeres y hombres. ¿Cuál es el camino para continuar en el camino hacia la igualdad de género en el ámbito económico? Se requieren medidas que coloquen en la agenda pública las responsabilidades compartidas entre hombres y mujeres, lo que apunta a políticas que favorecen horarios de trabajo flexibles, la organización del tiempo laboral adecuada a necesidades específicas, las licencias parentales y servicios familiares, como las guarderías estatales. Urgen medidas que apunten a paliar los efectos inmediatos de la crisis: la disminución de ingresos, el desempleo o la precarización del empleo. Bajar el costo de la canasta básica es una opción de ejecución inmediata. Se deben propiciar medidas que faciliten el acceso de financiamiento a iniciativas empresariales desarrolladas por y para las mujeres e integrar la perspectiva de género en la asignación de recursos públicos. Otra prioridad para los Estados centroamericanos debe ser ratificar y aplicar instrumentos internacionales como los siguientes convenios de la OIT: Sobre los trabajadores con responsabilidades familiares (C156, 1981); Sobre la protección de la maternidad (C183, 2000); Sobre la seguridad social (C102, 1952); Sobre la igualdad de trato (C118, 1962), y Sobre los servicios de salud en el trabajo (C161, 1985). Finalmente, es necesario propiciar el diseño de políticas públicas que faciliten la expansión del empleo para las mujeres, lo que propiciará la reducción de las brechas en el acceso al mercado de trabajo entre mujeres y hombres. Visualizar el valor agregado Es indispensable visualizar y reconocer el valor del trabajo doméstico, transformar la concepción del cuidado (como responsabilidad de los hogares y de las mujeres) para redistribuirla hacia la sociedad y hacia los hombres. Los hogares, el mercado y el Estado deben intervenir en el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo; los hombres deben participar en las tareas reproductivas tal como ahora las mujeres lo hacen con el trabajo productivo. Fuente: Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social. OIT-PNUD