En declaraciones a LT14, el funcionario dijo que el Plan Nacional de Regularización del Trabajo se lanzó en septiembre de 2003 “cuando teníamos un 49,9% de trabajo no registrado en todo el país”, es decir que “uno de cada dos trabajadores estaba en negro”, indicó. “Hoy en día estamos en un 36,2 %”, dijo Navone, lo que significa que se redujo la informalidad en más de un 13%. Más adelante explicó que el plazo para la regularización de trabajadores informales con los beneficios que el Gobierno otorga a los empleadores a través de la ley 26.476, que implica el no pago de deudas previsionales, vence el 28 de enero, sin posibilidad de prórroga. El subsecretario de fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social Laboral de la Nación, Guillermo Alonso Navone, dijo que con la ley 26.476 se buscó proteger a las Pymes. Según explicó, esa norma establece que todo empleador que regularice a sus trabajadores no registrados está exento de pagar deudas previsionales con la AFIP, intereses o multas, ya sean de la AFIP, del ministerio de Trabajo de la Nación o de los distintos entes con capacidad para sancionar al empleo no registrado como el IERIC, el RENATRE y las multas aplicadas a la luz de la ley 25.212. Este beneficio está destinado, fundamentalmente, a las pequeñas y medianas empresas que alegan no poder registrar a sus trabajadores debido al costo de la deuda que implicaría el pago de aportes y contribuciones no ingresados oportunamente. Para ello, la Ley 26.476, ofrece la ventaja a las Pymes de liberar esa deuda, además, de "no contemplar" el reconocimiento de las relaciones laborales preexistentes para las liquidaciones pasadas de impuestos a las ganancias, lo que significará que el costo será nulo, "exceptuando las cargas devengadas durante el año 2009", aseguró Trabajo. Otro de los beneficios que otorga la norma es que, por cada trabajador regularizado, el empleador gozará de una baja en el pago de las contribuciones patronales por el término de dos años, estableciendo una reducción del 50% durante el primer año y del 25% durante el segundo año de regularización (con exclusión de obra social y pago de ART).
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