ANTONIO JIMÉNEZ BARCA - París - 24/11/2009
El Gobierno de Nicolas Sarkozy ha anunciado una ley que prevé el cierre de empresas que contraten o empleen a inmigrantes indocumentados. Éstos trabajan en Francia, sobre todo, en restaurantes, en locales de comida rápida, en el sector de la limpieza y en la construcción.
El Gobierno de Nicolas Sarkozy ha anunciado una ley que prevé el cierre de empresas que contraten o empleen a inmigrantes indocumentados. Éstos trabajan en Francia, sobre todo, en restaurantes, en locales de comida rápida, en el sector de la limpieza y en la construcción. La noticia la lanzó el domingo el ministro de Trabajo, Xavier Darcos, que fue secundado inmediatamente después por el ministro de Inmigración, el belicoso Eric Besson. El texto de la nueva ley, según ambos ministros, estará listo en pocas semanas y dará poder a los prefectos franceses (delegados del Gobierno) de cada provincia para clausurar establecimientos que se sirvan de este tipo de inmigrantes.
"Si se demuestra que la empresa en cuestión basa su actividad en el empleo de trabajadores sin papeles o sin permiso de trabajo, se cerrará. Los trabajadores indocumentados serán indemnizados: también los que, debido a su situación, deban ser repatriados", precisó Darcos. La ley también prevé sanciones y multas para las empresas que subcontratan a otras con trabajadores sin papeles, fenómeno corriente en el sector de la construcción en Francia, según denuncian los sindicatos.
Según datos del Gobierno francés, el trabajo que llevan a cabo los inmigrantes indocumentados constituye el 4% del producto interior bruto (PIB) de Francia, esto es, 60.000 millones de euros, una cantidad equivalente al presupuesto anual de Educación de Francia, según precisó Darcos.
El anuncio de la futura medida no es inoportuno: desde hace seis semanas, un grupo cada vez más numeroso de inmigrantes irregulares, que ya llega a 5.000, se ha declarado en huelga, plantándose y manifestándose en los restaurantes y obras de edificios donde trabajaban, a fin de reclamar su regularización.
El Gobierno de Sarkozy, utilizando como ariete a su ministro de Inmigración, el ex socialista Besson, ha tomado en los últimos meses algunas medidas de gran repercusión en la materia: desmantelamiento en septiembre de los campamentos improvisados de inmigrantes en Calais, expulsión posterior en avión de varios inmigrantes sin papeles y lanzamiento de un debate sobre la identidad nacional francesa, en el que tiene un papel predominante la integración de los extranjeros.
Los sindicatos desconfían de la medida y la califican de inservible. La oposición ha cargado contra ella. La primera secretaria del Partido Socialista francés, Martine Aubry, ha reclamado, en vez de esa ley, una regularización amplia de inmigrantes indocumentados, que en Francia, según cálculos del Gobierno, son más de 300.000.
El eurodiputado socialista Vincent Peillon coincidió con Aubry: "Para que Francia sea fiel a la imagen que tiene de luchadora por la libertad y de país que enarbola los derechos humanos, creo que hay que acoger a esa gente".
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