Califica Raúl Morón a la reforma fiscal como irracional - Cambio de Michoacán
Morelia, Michoacán.- Las y los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de Michoacán, rechazan la vergonzosa reforma fiscal aprobada, principalmente, por los legisladores federales del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó Raúl Morón Orozco, líder de la bancada del sol azteca.
En ese sentido, comentó que los diputados del PRD rechazan la burda operación política realizada desde la máxima tribuna parlamentaria del país, al prestarse los diputados y senadores del PRI y del PAN como comparsas de Felipe Calderón, para imponer una de las más dolorosas, contradictorias, irracionales y antipopulares reformas de política fiscal de los últimos años.
Calificó como irresponsables a los diputados y senadores del PAN, PRI y del PVEM, ya que en ningún momento defendieran los intereses de la sociedad mexicana, al aprobar el incremento del IVA al 16%, del IVA por compras en la frontera al 11%, del ISR al 30% a partir de ingresos de 10 mil pesos, del Impuesto por Depósitos en Efectivo al 3% a partir de los 15 mil pesos, del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios al 26.5% en algunos productos y al 3% en las telecomunicaciones con excepción del Internet.
“Esta alza indiscriminada de impuestos representa, un paquete fiscal inflacionario, pues es previsible que exista incluso un efecto anticipado de incremento en los precios públicos de algunos energéticos, como ya está ocurriendo con la intención de aumentar el precio de la gasolina, el diesel y los aceites automotrices”.
Aunado a lo anterior, agregó, hay incremento a los precios de bienes y servicios de consumo básico o de telecomunicaciones, como el cable y el teléfono, que podrían subir a partir de este mes, con la consecuencia de alcanzar una inflación del 4.5% al 5% a fines del 2009 y no del 4% que el Gobierno Federal ha venido pronosticando.
Además del daño económico que el paquete fiscal ocasionará este año, los efectos estimados para el 2010 pueden ser más devastadores. El incremento del IVA al 16%, y del ISR al 30%, generarán un índice inflacionario que se ubicará por arriba del 5% al cierre de ejercicio fiscal 2010, por la una nueva oleada de aumentos a los precios de bienes y servicios a partir del próximo año y con ello posiblemente un incremento del comercio de contrabando y del comercio informal, advirtió Morón Orozco.
Sostuvo que la nueva imposición tributaria, representa un atentado contra la subsistencia de los más de 70 millones de pobres que hoy existen en el país y un impacto marginal en el empleo ya que se podría aumentar el índice de desempleo por arriba del 7 %, es decir, 3 millones más; aunado a la devaluación del peso, al crecimiento negativo del PIB en 9% y el despido de trabajadores de: la industria, comercio, servicios y sector burocrático –todo en el 2010-.
También se ocasionarán que los indicadores de la pobreza alimentaria para fines del 2010 aumenten del 18.2% al 20%, de la pobreza de capacidades del 24.7 al 30% y de la pobreza patrimonial del 47.4% al 49%.
Por ello, resulta reprobable la alianza PRI-AN con el PVEM, al impulsar políticas fiscales de mayor carga tributaria, cuando se debería disminuir los impuestos para estimular un incremento del consumo, a la producción y comercialización de bienes y servicios, con lo que se aumenta el empleo y el nivel de ingresos de los mexicanos.
Sin embargo, recalcó, se sacrificar el ingreso de los más pobres, con más impuestos y al no disminuir los sueldos y prerrogativas de la alta burocracia federal, ya que lo único que se ocasiona es el cierre de pequeñas empresas y se sigue favoreciendo a los 422 grupos empresariales más poderosos del país, al condonarles sus impuestos.
Por ello, Morón Orozco, dijo que los diputados del PRD exigen un cambio de rumbo en la política fiscal del país, en donde se tome en cuenta a los sectores de la población, que serán los más afectados con las medidas tributarias implementadas.
Consideró que la política fiscal debe, mediante estímulos fiscales evitar la descapitalización y motivar la inversión en infraestructura; dar estímulos fiscales a las pequeñas y medianas empresas, además, de facilitar los pagos diferidos o en parcialidades por adeudos fiscales que garanticen liquidez, estimulen inversión y generen empleos.
Advirtió que lo aprobado obligará a las empresas a pagar sus adeudos por ISR en 5 años a partir del 2010, lo que seguramente provocará incumplimiento fiscal; ante ello, se requiere un esquema más flexible, a mayor plazo, que permita, en el caso del ISR y el IETU, realizar pagos provisionales de manera conjunta, tal y como operaba el impuesto al activo, con algunos estímulos o descuentos adicionales para los contribuyentes cumplidos.
“Demandamos una política fiscal congruente ante la crisis económica que vive el país, que defina una moratoria temporal al IETU y una baja en las tasas impositivas tal y como lo han hecho otros países, como Corea del Sur o el Reino Unido”.
Urge que se incremente el porcentaje del PIB que actualmente se destina para alentar la economía y defender el empleo, del 0.5% al 6%, ya que no es viable la posición persecutoria en contra de los contribuyentes como se está haciendo.
Exhortó a actuar con responsabilidad social, para formalizar la economía informal, generando los incentivos necesarios para incluirlos en la base tributaria y con ello elevar la productividad y el crecimiento; ello acompañado de la reducción de los altos costos de la alta burocracia federal.
Lo anterior tiene que ir de la mano con la desaparición de paraísos fiscales, regímenes preferentes y de exención de impuestos a personas físicas o morales privilegiadas; impulsando reformas legales que estimulen la inversión y el consumo.
Asimismo, se tiene que permitir a los estados y municipios aplicar la recaudación directa de algunos impuestos actualmente federales en favor del desarrollo local o regional, para que los ingresos queden donde realmente se requieren y no en los bolsillos, campañas y propiedades de algunos funcionarios federales.
Finalmente, exigió que se propongan otras medidas fiscales y económicas que, efectivamente, beneficien el desarrollo nacional, bajo un principio de equidad, proporcionalidad y, sobre todo, de justicia para los mexicanos que hoy se encuentran en una situación de desventaja económica y social.
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