Alfredo Reyes tiene 12 años trabajando en un despacho contable que le paga por honorarios. Él no cuenta con ningún tipo de prestaciones por parte de su empresa, carece de prima vacacional, de seguridad social que le respalde en cuestiones de salud y garantía de una vivienda digna entre otras cosas.
Tiene 46 años, y vive con su esposa y dos hijos adolescentes. Sabe que su retiro como profesionista está cercano y sin embargo, nunca se preocupó por asegurar su futuro económico ni el bienestar de su familia. Su situación en 15 años será complicada.
Actualmente, hay cerca de 12 millones de personas en el sector informal, y otros 13 millones trabajan por cuenta propia o en empleos que no les ofrece ningún tipo de prestación, lo bueno es que ahora tienen trabajo, pero en el futuro los recursos no llegarán.
La población mexicana está envejeciendo, cada vez hay menos jóvenes, y más de la mitad de la población en edad de trabajar no cotiza en algún
sistema de seguridad social.
Lo anterior representará que mucha gente requerirá en los últimos años de su vida servicios de salud, asistencia social, alimentación, no tendrá dinero para enfrentar sus necesidades y la carga será en gran medida para el Estado mexicano.
“El problema de seguridad social es importante; se estima que la mitad de la gente que está en edad de trabajar no tiene seguridad social, no tiene derecho a los servicios, tenemos una gran gama de trabajadores independientes que no piensan en su futuro”, explica Fernando Solís Soberón.
El que fuera presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dice que muchos trabajadores independientes deben ahorrar en su administradora de fondos para el retiro y vivir mejor los últimos años de su vida.
Tendencia conservadora
De acuerdo con la información de desempleo, informalidad y estadísticas de población, entre 2025 y 2030, aproximadamente 20 millones de personas presentarán problemas cuando comiencen a requerir su sistema de pensión, alertó José Luis de la Cruz, investigador del Tec de Monterrey.
Adolfo Albo, economista en jefe de BBVA Bancomer reconoce que factores demográficos agravarán en los próximos 50 años los desequilibrios entre los ingresos y gastos de los fondos de pensiones de los organismos públicos que operan bajo un esquema de reparto, en el que todos aportan para todos.
El envejecimiento de la población y las menores tasas de natalidad reducirán el número de trabajadores en activo por cada jubilado, y los incrementos en la esperanza de vida extenderán el periodo de pago de las pensiones.
Hace 40 años, la expectativa de vida del mexicano era de 57 años, hoy es de 76 años, la gente vivirá más y requiere más dinero para sobrevivir los últimos días de su vida.
El problema es grave, y en consecuencia se tienen que generar mecanismos de gastos, programas y transferencias para atender las necesidades de seguridad social, dijo el investigador del Centro de Investigaciones y Docencia Económica, Alejandro Villagómez.
“Éste es un problema estructural de largo plazo, si no resolvemos la situación de las finanzas públicas esto no se podrá atender y se convertirá en un conflicto muy serio”, añadió.
El académico sostuvo que se tendrá que discutir cómo ampliar los esquemas de protección social hacia sistemas más generalizados, como la pensión universal o un mecanismo de apoyo adicional.
“Hay mucha gente de la tercera edad que nunca cotizó en el IMSS o en el ISSSTE y no tendrá derecho a pensiones, y la indigencia —independientemente de la connotación moral y ética— es un problema social que hay que atender”, indicó.
Villagómez señaló que otro gasto importante es el de salud, donde se tendrán que discutir los mecanismos para mejorar los servicios, pues “dadas las condiciones pobreza, empleo informal y un sistema de seguridad social que ha sido fraccional e incompleto necesitará de recursos públicos en el futuro”.
Eduardo Huerta y Alberto Verdusco
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