El desarrollo requiere de actores

Armando Méndez Morales*
Bajo el título que encabeza este artículo realicé una investigación para la prestigiosa publicación “Opiniones y Análisis” de Fundemos, que dedica su publicación Nº 100 para rememorar lo que durante 20 años de continua edición produjo sobre el acontecer político, social y económico del país.

A mi me cupo realizar la revisión de lo escrito en el campo económico y social, motivo por el que brindo un resumen ajustado de la investigación realizada, sobre algunos aspectos tratados, como son: hidrocarburos, tierra y territorio, y educación.

En el campo de los hidrocarburos se pudo destacar lo siguiente: En los primeros años de este siglo se confirmó la existencia de significativos volúmenes de gas en el país y se esperaba que se produjera una explotación racional de este energético limpio, con el propósito de convertirla en la columna vertebral del desarrollo de Bolivia para los próximos años. Se destacaba la necesidad de establecer controles estatales adecuados al momento de su exportación por parte de las empresas petroleras para asegurar el beneficio del país. Se planteaba la necesidad de impulsar el uso del gas en el mercado interno.

En pocos años, Bolivia pudo convertirse en un centro energético en América del Sur, lo que a la fecha, lamentablemente, no aconteció. Era el tiempo en que se hablaba de contar con una zona económica especial en las costas del Pacífico, que permitiese la operatividad de enormes barcos ligados a la actividad gasífera para su venta en mercados de EEUU, México y Chile. Se pensaba que el gas podía incorporar a Bolivia en el comercio internacional, de manera favorable. Pero esta posibilidad puso en el tapete de la discusión el más que centenario problema de la mediterraneidad de Bolivia, dado que Chile se constituía en la mejor opción para la exportación el gas, a mercados lejanos.

La estructura agraria boliviana no tuvo cambios durante varias décadas. Emergió, la consigna “Tierra y territorio”, como discurso de las ONG vinculadas a las preocupaciones rurales de Bolivia. En 1984, el lema “la tierra es para quién la trabaja” cambió por “tierra para quien la trabaja personalmente”. La Ley INRA de 1996, que se supone buscaba superar las deficiencias de la Reforma Agraria, permitió el reconocimiento de las Tierras comunitarias de Origen en el Oriente de Bolivia (TCO). Paralelamente, en la parte occidental del país, se difundió el planteamiento de la reconstitución de los territorios andinos. Se dijo: “autonomía político administrativa del territorio indígena originario”.

Mientras unos sostenían una visión que calificaba al Estado boliviano de homogeneizador, racista, clasista y excluyente, de los aymaras, quechuas y guaranies; otros no veían así. Unos sostenían que había una concentración improductiva latifundiaria de la tierra en Santa Cruz y en el Chaco; que la apertura al comercio exterior debía ser controlada y no indiscriminada, sobre todo para el sector campesino pobre, quién debía ser “privilegiado”; otros, sostenían que la realidad en los valles y altiplano apuntalaba a propiedad privada familiar, pero con prácticas muy primitivas y de natural baja productividad. De manera coincidente se decía que había una asignación de factores productivos (tierra, agua, tecnología, información) muy desequilibrada entre los actores económicos del campo. Una insuficiencia de inversión pública favorable al sector agropecuario. Se decía que el desarrollo agropecuario requiere de una política sectorial que tenga incentivos tributarios, crediticios, comerciales y arancelarios. Parecía darse un consenso a partir del planteamiento que el desarrollo rural debía ser una responsabilidad del país.

Apareció, proféticamente, lo que más tarde se concretaría en la Nueva Constitución Política del Estado: Aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables por parte de los pueblos indígenas. Ya se dijo: “Estamos a las puertas de un conflicto de dimensiones, cuyo escenario será la disputa de tierras…¡guerra por la tierra!”.

Al no existir el desarrollo rural en la parte occidental del país, paralelamente se observaba, en el mundo urbano, el fenómeno de la terciarización descontrolada de la economía y del crecimiento exponencial de la economía informal.

En el tema sobre educación, me parecieron destacadas ciertas afirmaciones, como aquella que dice: “entre el 50 al 60 % del tiempo que destinan los niños y los jóvenes al colegio y a la universidad es una pérdida de tiempo”. Los colegios y universidades se han convertido en simples fábricas, mnemotécnicas, que produce empleados y no gente con iniciativa. No se da énfasis a las materias de matemáticas, física, computación, inglés, pero sí a las ramas de filosofía, literatura y sociología, ramos que deberían ser secundarios.

Con relación a la problemática de la universidad parecía surgir un consenso: Sobrelleva una crisis muy profunda que hay que resolverla. Las universidades son islas con escasa asimilación de la ciencia y de la tecnología. Están divorciadas de la realidad y de las necesidades productivas del país. Es una universidad tremendamente politizada que se dedica a la transmisión del “conocimiento obsoleto”. A título de “universidad abierta al pueblo”, ingresa cualquier sin tener las más mínimas aptitudes académicas. Un mundo universitario que, para 1990, cobijaba ya a 100 mil estudiantes y sólo a universidades privadas asistía un 3.3%.

Sin caer en los extremismos del determinismo historicista marxista, que cree en los procesos inevitables en la vida de las sociedades, por una parte; ni tampoco en el planteamiento popperiano de que “el mañana es un página en blanco”, por otra; se puede concebir al estudio del pasado, tanto de la conducta de las sociedades como de las ideas dominantes, como el medio más adecuado para comprender y entender el presente. Con este criterio se llegaron a conclusiones de las cuales destaco las siguientes:

La primera constatación que se vio con la investigación, fue que la óptica con que Fundemos encaró las preocupaciones de los problemas del país, fue a partir del pluralismo ideológico, lo que se confirma cuando se rastrea a los intelectuales y profesionales que expusieron sus puntos de vista. De ahí que connotados intelectuales de la izquierda boliviana hubieron participado en la variedad de publicaciones de “Opiniones y Análisis”

Una conclusión general a la que arribé, dice que lo que está viviendo Bolivia, en el presente, es la consecuencia de comportamientos y modos de pensar que se amalgamaron ya desde muchos años atrás; que los acontecimientos que se vienen produciendo en Bolivia, en los últimos tres años, tienen muy buena explicación por lo pensado y por lo acontecido, en el país, desde los años 90 del siglo recién pasado, en adelante, cuando no de lo pensado y acontecido ya desde la Guerra del Chaco. Algunos de los conflictos, como el problema rural, su solución se está buscando a través del reconocimiento de derechos desiguales y en favor de los “indígenas originarios”.

La segunda conclusión a la que arribé condice con el criterio que las sociedades se movilizan en función de creencias, las mismas que pueden ser ciertas o falsas. Si son ciertas, entonces, la sociedad apunta al desarrollo, si no lo son apuntan al estancamiento sino es al retroceso.

Una tercera conclusión, confirma la presencia, en el largo plazo, de dos visiones ideológicas diferentes y contrapuestas en Bolivia. La dominante es la de izquierda, desde sus posiciones revolucionarias hasta la social demócratas, caracterizada por ser estatista, nacionalista, socialista, romántica, en resumen: “anticapitalista”. La otra, que es débil, es la liberal, tecnocrática, prooccidental, pragmática y procapitalista.

*Armando Méndez
fue presidente del Banco Central