El ‘Congresillo’ analizará en primer debate, desde mañana, el proyecto de la Ley de Defensa del Comerciante Minorista, Trabajador Autónomo y Microempresario. Esta propuesta mantiene divididos a los comerciantes. El problema es más evidente en Guayas.
La propuesta, presentada por Betty Amores, presidenta de la Comisión Especializada de lo Laboral y Seguridad Social, contempla la fusión de las leyes de los asambleístas Jorge Escala, del Movimiento Popular Democrático, y Amanda Arboleda, de País.
Las dos últimas semanas, las calles céntricas de Guayaquil acogieron dos marchas de comerciantes. La una, la de los informales, reclamó su reconocimiento y el derecho a trabajar libremente. La otra, los vendedores de las Bahías y mercados, protestaron por no haber sido tomados en cuenta en la discusión del proyecto.
Entre los puntos básicos, el proyecto reconoce y protege al trabajo autónomo. Además, prohibe el decomiso o la confiscación de la mercadería, castigando a la autoridad que la realice, con el pago del doble del valor de lo decomisado y su destitución del cargo.
Se regulan y protegen las actividades de los comerciantes minoristas, trabajadores autónomos y microempresarios.
César Espinoza, coordinador de los comerciantes de los alrededores del Mercado Central, dijo que unos 800 vendedores de la ciudad estarán en Quito “peleando hasta las últimas consecuencias, para que se apruebe la Ley”.
Agradeció a los comisionados, quienes por primera aprobarán una ley que garantice el derecho al trabajo de los comerciantes minoristas. “Todos los congresos anteriores fueron enemigos”.
Espinoza destacó que en el proyecto que entra en debate se les garantiza el trabajo. Además, que podrán ser parte del Seguro Social y que accederán a créditos como comerciantes autónomos.
Elizabeth Palacios, presidenta de la Federación de Comerciantes Autónomos del Guayas, también respalda el proyecto. Cree que ya es hora de que cuenten con una ley que los reconozca como trabajadores legales.
“Lo que queremos es que se nos respete y se nos regularice, que no se nos ataque ni se nos decomise mercadería. Por eso hemos buscado dialogar con el Municipio”.
Pero hay quienes ven a la ley como la posibilidad de la vuelta al caos. Juan Narea, de la Federación Provincial de Comerciantes Minoristas de la Bahía, reclamó porque muchas organizaciones no fueron tomadas en cuenta en los debates del proyecto.
Y dijo que el propuesta tuvo a la cabeza a la Cucomitae, la Central Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador. “Esta es una fracción del MPD, que equivale con los comerciantes a lo que es la UNE en la educación”.
Añade que el artículo 8 avala el crear el caos y el desorden en Guayaquil y en todo el país.
Para ella, se prohibe todo tipo de decomiso y las ordenanzas municipales deben ser modificadas. En caso de un decomiso se debe indemnizar al vendedor, con el doble de ese valor y la autoridad será destituida. “Este es un artículo redactado para el relajo”.
Narea no considera un avance que en la ley consten beneficios como los créditos 555 o los bonos para vivienda. “La afiliación al IESS saldrá de nuestros bolsillos. No sabemos cuánto nos costará y cómo vamos a ser afiliados”.
La semana pasada, luego de la marcha de los informales, el Municipio emitió un comunicado en el cual insistió en su deseo de valorar y garantizar el trabajo del comercio autónomo e informal, pero de acuerdo con el orden y en los lugares establecidos.
“Guayaquil no volverá al caos, a la inmundicia, al irrespeto a los espacios públicos, a la competencia desleal y a nada que signifique atentar contra el bienestar, el progreso y el empleo de las grandes mayorías”, decía el documento.
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