Existen dos iniciativas de ley de economía popular

En septiembre de 2008 se aprobó, a través de referendum, la Constitución que consagra la economía popular y solidaria.

En noviembre de 2008, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) elaboró un plan para elaborar el proyecto de ley de economía popular.

En febrero de 2009 comenzaron los talleres de discusión del Mies y el comisionado César Rodríguez presentó su propuesta de ley para sociabilizarlo.

Dos proyectos de ley para promover y regular la economía popular y solidaria, consagrada en la actual Constitución, son consesuados con representantes de organizaciones e instituciones vinculadas a las microfinanzas.

Una de las propuestas fue presentada por el comisionado César Rodríguez y la otra es elaborada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies).
Según el proyecto de Rodríguez, se regularán las actividades de los organismos de integración de las cooperativas de ahorro y crédito, las uniones, federaciones, confederaciones y todas las formas posibles de integración asociativa.

Para ello se propone la creación del Consejo Superior de Economía Popular y Solidaria y de la Superintendencia del sector. Además, sugiere la conformación del Fondo de Fomento Productivo Marginal, para garantizar los depósitos de los clientes y socios y realizar las inversiones en proyectos productivos de terceros.

Mientras tanto, el Mies ejecuta un plan de cuatro meses para presentar un proyecto de ley socializado. Actualmente está en la fase de realización de talleres en diferentes ciudades del país para recoger el criterio de los vinculados con la actividad.

De acuerdo con el Ministerio, el trabajo costará 65.000 dólares y debe estar listo antes del primer semestre de este año.

Paralelamente trabaja el Ministerio Coordinador de Política Económica pero no para elaborar una ley sino para analizar la nueva arquitectura financiera en el país y el financiamiento que necesita la economía popular.

Para ello, la semana anterior realizó un taller en Quito y hoy lo hará en Cuenca.

Sin embargo, Diego Borja, titular de ese ministerio, dijo que el Gobierno está dando pasos concretos en lo que respecta a la ley de economía popular. Uno de ellos es la decisión política de colocar a este sector productivo como uno de los motores del país.

Otro paso, es buscar un marco legal diferente.

Incluso, señaló, se trabaja junto con el Banco Central del Ecuador (BCE) para crear mecanismos que permitan que la mayor parte de agentes económicos de las microfinanzas se integren al sistema de pagos nacionales. Y todo esto, según su criterio, implica cambiar las reglas del juego.

Para el director Ejecutivo de la Red Financiera Rural (RFR), Javier Vaca, crear un marco legal para la economía popular permitirá que las cajas de ahorro, los bancos populares y las cooperativas sean reguladas con la finalidad de que las personas que la conforman –clientes y socios- tengan la certeza de que su dinero se encuentra seguro.

“Lo que se quiere es poner un ordenamiento porque en este momento muchas de estas estructuras no tienen una figura jurídica, no tienen una supervisión adecuada y este es el momento para definir un marco regulatorio que ayude a su ordenamiento y promueva su desarrollo”, dijo Vaca.

Con esta regulación, las microfinancieras deberán publicar sus balances, estadísticas y resultados económicos. De esta manera se sabrá qué entidades están dentro de la ley.

Según Vaca, la Superintendencia de Bancos tiene inscritas a solo 40 cooperativas, el resto –que aproximadamente asciende a 1.000- dependen de la Dirección Nacional de Cooperativas y del Ministerio de Inclusión Económica y Social.

“Ahí si hay un déficit en su capacidad de supervisión, porque solo las cooperativas hacen el registro de las personería jurídica, pero no existe un seguimiento para ver cómo están sus cuentas, si son sostenibles, qué están haciendo con la plata de los depositantes. Cuando se cierra por ejemplo una cooperativa de ahorro y crédito la gente no sabe dónde acudir”, expresó.

Para el director de la Oficina de Fomento Empresarial, Andrés Freire, se necesita un escenario que permita que los gobierno seccionales se comprometan a desarrollar las microfinanzas en sus sectores.

“La ley sería para fortalecer las microfinanzas, pero también se tienen que crear mecanismos adecuados, organismos y elementos de análisis”, manifestó.

Consideró también que se debe crear un nivel de seguridad no solo económico, sino también jurídico, para invertir en el desarrollo de la pequeña industria y favorecer con créditos accesibles a las pequeñas y medianas empresas.

Actualmente, más de 600 mil microempresarios se han beneficiado con el desarrollo de las microfinanzas en el país gracias al apoyo de la Red Financiera Rural (RFR), integrada por 54 instituciones a nivel nacional.

“Suponiendo que cada microempresario representa una unidad familiar compuesta de 5 personas, tendríamos que solo las instituciones miembros de la RFR benefician a más de tres millones de habitantes (21% de la población). Sin tomar en cuenta que existen más cooperativas y cajas de ahorro y crédito, de las cuales no se tiene registro, pero brindan servicios de microfinanzas”, explicó Vaca.

Uno ejemplo de que las microfinanzas ayudan a mantener la economía en todos sus aspectos es la cooperativa De todas, que mediante la entrega de microcréditos ha logrado que mujeres de escasos recursos económicos que habitan en Guayaquil, logren iniciar sus propios negocios.

Otra organización que entrega créditos es el Centro de Promoción y Empleo para el Sector Informal Urbano (Cepesiu).

Por Joyce Martínez & Carlos Villacís

80 líderes participaron en taller

Durante el taller de economía solidaria -para fomentar y fortalecer esta actividad- organizado por el ministerio Coordinador de la Política Económica, el pasado jueves, 80 líderes y representantes de varios sectores sociales, cuyas actividades son consideradas como informales por la visión tradicional de la economía, analizaron el proyecto de ley de economía popular y solidaria.

Edmundo Narváez, líder de la Unión de Consorcios Lácteos, organización que agrupa a cerca de 10 mil pequeños productores (definidos así porque tienen entre dos y tres vacas) y 129 plantas de queso, cree que hay logros en los esfuerzos del Gobierno por visibilizar a este sector.

Sin embargo, Narváez considera que uno de los problemas del proceso actual liderado por las dos carteras de Estado es que falta involucrar a otros ministerios.

De su lado, Francisco Escobar, del Movimiento de Economía Social y Solidaria, menciona que hay puntos de la ley que deben ser debatidos. Tanto Narváez como Escobar coinciden que es el momento de crecimiento de la economía popular. (CVN)