Lima, feb. 04 (ANDINA).- El derecho a la propiedad de ninguna manera ha sido vulnerado con la aprobación de la norma que expropia y titula terrenos ocupados de manera informal, porque el Estado finalmente pagará por ellos un justiprecio, opinaron hoy integrantes de la Comisión de Vivienda del Congreso.
"Lo consideraría un proyecto de justicia social y hasta cierto punto revolucionario, porque tenemos una situación de reforma de la Ley 28687 que complementa la formalización de la propiedad informal y dota de servicios a los posesionarios”, dijo Elías Rodríguez, presidente de esta comisión parlamentaria.
Como ponente del proyecto ante la Comisión Permanente, explicó que en la práctica significa aplicar la figura de la expropiación por parte del Estado para aquellos predios y zonas invadidos hasta el 31 de diciembre de 2004.
Agregó que el establecimiento de esta fecha es para evitar nuevas apropiaciones informales más adelante. “Es decir, nadie quiere promover invasiones en el futuro ni que se vulnere el derecho a la propiedad”, dijo a Andina.
El legislador aprista sostuvo que al momento de la expropiación, el Estado pagará un justiprecio –precio justo y tasado que se da a un bien– a los propietarios originales de los predios tomados por informales.
Casos extremos
El legislador Carlos Bruce, de las filas de Alianza Parlamentaria e integrante de la Comisión de Vivienda, reconoció que se trata de “una ley delicada”, pero agregó que su aplicación procederá cuando se trata de “casos extremos”, donde exista peligro para la vida de los pobladores, por ejemplo.
“No es el tipo de ley que debemos dar todos los días, pero sí reconozco que es la única solución para medio millón de personas que viven en una situación poco digna (…) Lo que pasa es que acá hay un interés social de por medio.”
También destacó que la ley pone cláusulas que le exigen al Ministerio de Economía y Finanzas presupuestar la partida correspondiente para el pago como máximo hasta el siguiente período presupuestal en que se establezca el justiprecio.
De esa manera, puso en relieve que se hace un pago justo al propietario, solucionan el problema del título de propiedad a los pobladores que viven en esa zona, les facilitan el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, y a programas como Techo Propio.
“Aplicamos la fecha de 2004, porque a partir de ese año el Estado ofrece programas de vivienda, cosa que no había antes. Cuando no había eso, la alternativa era la invasión, pero ahora se brindan programas sociales de vivienda”, subrayó.
(FIN) JCP/GCO
GRM
"Lo consideraría un proyecto de justicia social y hasta cierto punto revolucionario, porque tenemos una situación de reforma de la Ley 28687 que complementa la formalización de la propiedad informal y dota de servicios a los posesionarios”, dijo Elías Rodríguez, presidente de esta comisión parlamentaria.
Como ponente del proyecto ante la Comisión Permanente, explicó que en la práctica significa aplicar la figura de la expropiación por parte del Estado para aquellos predios y zonas invadidos hasta el 31 de diciembre de 2004.
Agregó que el establecimiento de esta fecha es para evitar nuevas apropiaciones informales más adelante. “Es decir, nadie quiere promover invasiones en el futuro ni que se vulnere el derecho a la propiedad”, dijo a Andina.
El legislador aprista sostuvo que al momento de la expropiación, el Estado pagará un justiprecio –precio justo y tasado que se da a un bien– a los propietarios originales de los predios tomados por informales.
Casos extremos
El legislador Carlos Bruce, de las filas de Alianza Parlamentaria e integrante de la Comisión de Vivienda, reconoció que se trata de “una ley delicada”, pero agregó que su aplicación procederá cuando se trata de “casos extremos”, donde exista peligro para la vida de los pobladores, por ejemplo.
“No es el tipo de ley que debemos dar todos los días, pero sí reconozco que es la única solución para medio millón de personas que viven en una situación poco digna (…) Lo que pasa es que acá hay un interés social de por medio.”
También destacó que la ley pone cláusulas que le exigen al Ministerio de Economía y Finanzas presupuestar la partida correspondiente para el pago como máximo hasta el siguiente período presupuestal en que se establezca el justiprecio.
De esa manera, puso en relieve que se hace un pago justo al propietario, solucionan el problema del título de propiedad a los pobladores que viven en esa zona, les facilitan el acceso a los servicios de agua potable y alcantarillado, y a programas como Techo Propio.
“Aplicamos la fecha de 2004, porque a partir de ese año el Estado ofrece programas de vivienda, cosa que no había antes. Cuando no había eso, la alternativa era la invasión, pero ahora se brindan programas sociales de vivienda”, subrayó.
(FIN) JCP/GCO
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