Han sido constantes las quejas de los gobiernos de distintas épocas respecto de la resistencia ciudadana al pago de impuestos. Sin embargo, las actitudes del Estado no se encaminan a corregir los vicios para cambiar esa cultura hostil a la tributación y para simplificar y hacer equitativa la recaudación.
Con las auditorías para la declaración del Impuesto sobre la Renta (ISR), los más de 109 mil contribuyentes en régimen optativo viven, en estos días, uno de tantos calvarios originados en los seculares embrollos jurídicos que crean los tecnócratas sin visión cuando redactan iniciativas de ley, y complica aún más la burocracia de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), con su mentalidad de dudas y sospechas, por la cual ve a los tributarios con recelo y desconfianza, como si cada uno de ellos fuera un evasor incorregible.
Las tribulaciones de esos pequeños contribuyentes obligados a contratar auditores se complican en la cercanía de marzo, cuando deben entregar la declaración del ISR con aquel oneroso requisito profesional, pues aunque una güizachada de la SAT, basada en el Código de Comercio, trata de aliviar el peso de esa torpeza, siempre están obligados a aquel desembolso quienes, por el giro de alguna pequeña actividad ajena a los criterios de profesional liberal o agricultor, quedan comprendidos entre quienes son calificados de comerciantes.
En un país como Guatemala, con grandes dificultades para la sobrevivencia humana, la inscripción en la SAT permite el asomo a la economía formal, porque se pueden facturar servicios personales y ciertas minucias materiales, como alquileres. Pero esos ciudadanos no son potentados que deban someter sus finanzas a los requerimientos de la técnica contable. Todo lo contrario, pues apenas captan lo necesario para subsistir con limitaciones y pagar gabelas leoninas.
Como no está el país en época electoral, los diputados han visto con indiferencia este entuerto, y por eso ayer fracasó un intento plausible por reunir los 105 votos que permitan reformar de urgencia nacional la ley del ISR, para que sean solo los grandes contribuyentes quienes, en razón de su movimiento financiero, queden sujetos a la referida auditoría.
En un Congreso en donde las leyes se someten al vergonzoso bazar del mejor postor, no extraña la apatía de los legisladores a esta propuesta, porque detrás de ella no están las fuerzas de poder político o económico con capacidad de recompensarlos de manera generosa por sus decisiones con sentido casuístico.
Nuevamente la irresponsabilidad, la superficialidad y la falta de sentido común de quienes producen leyes y reglamentos golpean la alicaída economía de los guatemaltecos, en medio de una grave crisis en donde la precariedad comienza a manifestarse en todos los ámbitos, incluido el tributario.
Este castigo a los pequeños contribuyentes no le hace ningún favor al propósito de evitar la evasión. Al contrario, muchas personas dedicadas a la economía informal lo pensarán ahora dos veces antes de echarse a cuestas este y otros yugos del régimen impositivo.
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