“Las sanciones al contrabando deben ser para todos”

“Las sanciones al contrabando deben ser para todos”

Como es de conocimiento público, la Ley de Aduanas ha sido modificada recientemente, por lo que ahora esos articulados de la norma requieren una reglamentación para que puedan ser aplicados, caso contrario no podrían entrar en vigencia.

En este sentido, ahora es importante trabajar en la reglamentación y hacer participar a todos los sectores involucrados, el empresarial legalmente establecido y comerciantes de mercadería ilegal que supuestamente son afectados por esta medida (pequeños comerciantes y grandes contrabandistas), para que no existan problemas en la aplicación de las sanciones.

Estas sanciones deben ser para todos: tanto para los pequeños comerciantes que se encuentran en el régimen simplificado como para los grandes importadores de mercadería ilegal.

Según el informe de la Fundación Milenio de junio de 2010, el contrabando en Bolivia superó los 1.000 millones de dólares en la gestión 2008, significando un incremento de más del 31 por ciento respecto a 2007 y de casi un 200 por ciento respecto a 2004.

Los sectores más afectados por el contrabando son el de alimentos y textiles, ya que aproximadamente el 50 por ciento del valor total de importaciones vía contrabando pertenece a estos sectores que en su mayoría ingresan por Chile y los países vecinos tales como Brasil, Argentina y Paraguay.

La magnitud del contrabando proveniente de los países fronterizos y de la Zona Franca de Iquique (Zofri) principalmente ratifica la imperiosa necesidad de profundizar la reestructuración de los sistemas de control aduanero así como los mecanismos de fiscalización y control de la circulación de mercaderías en el mercado interno.

Es urgente la aplicación de medidas que tiendan a sanear la economía, lo contrario significará que el contrabando siga desarrollando sus actividades al amparo de los regímenes de excepción y protegido por el funcionamiento “legal” existente en los mercados negros. Pues, no otra cosa significa el acelerado ritmo de crecimiento que registra el comercio informal, que en los últimos años ha llegado a constituirse en un problema de orden estructural para la economía boliviana por sus implicaciones de orden ético, moral, económico y social.