Siniestralidad: gremios en campaña para reducir los accidentes en América Latina - Buenos Aires Económico - ElArgentino.com

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n accidente laboral mortal tiene lugar cada dos minutos en América latina, y en la mayor parte de los casos son víctimas causadas por la “negligencia patronal”. Así lo denunció pocos días atrás el secretario general de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA),Víctor Báez Mosqueira.

Buscan reducir los accidentes laborales.
Por Héctor Medina

Para revertir esta situación, los gremios que integran la CSA a nivel de cada país, entre ellos la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), se comprometieron a reforzar en los próximos meses la Estrategia Iberoamericana en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se propone reducir drásticamente la siniestralidad para el año 2012.

Es que el panorama es muy complejo, según lo evidencian relevamientos realizados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirman que un total aproximado de 240.000 trabajadoras y trabajadores mueren cada año, 657 cada día, debido a la siniestralidad. Y eso, subrayó el dirigente sindical, sin contar las muertes consecuencia de enfermedades laborales. En total, América latina registra 30 millones de accidentes de trabajo cada año, recalcó el dirigente de nacionalidad paraguaya.

El secretario general de la CSA alertó que “los empleadores quieren dejar en manos de los trabajadores el cuidado propio”, no obstante lo cual “no dan los medios de protección a sus empleados para ahorrar dinero”.

Según estimaciones sindicales, la situación es mucho más grave incluso de lo que muestran las cifras, debido a que éstas se basan sobre los puestos formalizados de trabajo, y no toman en cuenta a cerca de la mitad de la población trabajadora que está en el llamado sector informal en la región, y que no cuenta con ninguna protección ni registro de los casos.

Organismos internaciones calculan que el porcentaje de accidentes declarados, con datos de hasta 2009, sea tan sólo del 20 o 25 por ciento.

Entre los más afectados por esta situación están otra vez los más débiles, es decir, la población infantil y las mujeres. De acuerdo con estimaciones de la OIT, la cifra de niñas y niños entre 5 y 14 años trabajando es de 17,5 millones, de los cuales 22.000 mueren anualmente en accidentes laborales.

La desastrosa situación se complica porque los recursos públicos normalmente son insuficientes y, especialmente, por el “comportamiento represivo de algunos gobiernos y asociaciones patronales que imponen fuertes restricciones a la actividad de los sindicatos”, subrayó Báez.

La CSA expresó su rechazó a lo que caracterizó como una lógica empresarial que le pone precio a la salud de los trabajadores y donde los accidentes se contabilizan en términos monetarios. Por otro lado, recordó el compromiso de los gobiernos de la región con la Estrategia Iberoamericana de Salud y Seguridad en el Trabajo, elaborada por laOrganización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS).

El documento firmado en 2009, comprometiendo a los gobiernos de América latina, España y Portugal, es un buen instrumento de trabajo. Las trabajadoras y trabajadores y sus representantes pueden y deben exigir su cumplimiento para buscar mejorar la cultura preventiva y el registro de accidentes y enfermedades.

Báez señaló que desde la CSA “insistimos con la necesidad de aplicar la estrategia iberoamericana sobre salud y seguridad aprobada en la cumbre presidencial de Lisboa de 2009, que reconoce los 30 millones de accidentes laborales al año, y las 240.000 muertes anuales (sin contar las enfermedades que se originan en el trabajo)”.

Y agregó que “hay que insistir en que ninguna política de gobierno en materia de salud pública está completa si no mira la seguridad y salud laboral. También hay que marcar que los empresarios son los responsables principales de garantizar esos derechos a los trabajadores, y no como ellos argumentan que es un tema de responsabilidad nuestra. Por ahorrar dinero ellos no dan los medios de protección adecuados y no puede ser que, al derivarlo a la seguridad social, una pérdida de una mano o un brazo se cuantifique en dinero. La vida no tiene precio, y por eso lo mejor siempre es prevenir antes que lamentar o tratar de subsanar con dinero”.

Prioridades. Según un documento elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre la estrategia iberoamericana “los sectores agropecuario, minería y construcción son los que más altos índices de siniestralidad registran (140.000 muertes derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional anuales estimadas), por lo que deben ser objeto de acciones prioritarias, tendientes a la progresiva reducción de esos datos negativos”.

Para la OIT y los sindicatos “es necesario priorizar acciones sobre la economía informal y las pequeñas y muy pequeñas empresas, ya que los déficit de trabajo decente son más acusados en la economía informal y a menudo su trabajo se caracteriza por lugares de trabajo pequeños o no definidos, condiciones de trabajo inseguras e insalubres, bajos niveles de competencias y productividad, ingresos bajos o irregulares, largas jornadas laborales y por falta de acceso a la información a la tecnología y a la formación”.

E impulsan como sectores prioritarios para enfocar las acciones en seguridad social y en seguridad y salud en el trabajo a los más desfavorecidos y vulnerables, como mujeres, jóvenes y migrantes. Y destacan la necesidad de prestar especial atención “a las maquiladoras y al servicio doméstico y sobre la economía informal en el que hay un mayor nivel de desprotección frente a daños a la salud, con menor asistencia médica y sin protección económica ante la pérdida del ingreso”.

En ese sentido, el documento plantea que para conseguir la generación de empleo con derechos laborales y de protección social, los Estados deben mantener un estricto respeto a los convenios de la fundamentales de la OIT y de igual forma, cumplir los compromisos del trabajo decente de la OIT, entre ellos los siguientes:
- Articular la política laboral nacional con las políticas que impactan sobre la cantidad y calidad del empleo
- Mejorar las condiciones de trabajo y empleabilidad, con énfasis en la promoción del trabajo decente para la juventud y el desarrollo económico local y la prevención y erradicación del trabajo infantil.
- Ampliar la cobertura de la protección social.
- Fortalecer un diálogo social efectivo para que los mandantes promuevan las dimensiones del trabajo decente en las políticas sociolaborales.
- Contribuir a la reducción de la economía informal y del empleo no registrado.

Asimismo, desde el Estado deberán impulsarse las siguientes acciones:
- Garantizar prestaciones sociales suficientes en los casos de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. El grave déficit de trabajo decente esta haciendo que los niveles de cobertura, reparación rehabilitación y readaptación profesional sean escasos o inexistentes, por lo cual las políticas de seguridad y salud en el trabajo deben establecer los mecanismos necesarios para que el trabajador que sufra un daño derivado del trabajo vea cubiertas todas sus necesidades.
- Se articularán mecanismos de cooperación técnica internacional a través de la OIT u organismos similares, para el diseño y la aplicación de las políticas de Estado en seguridad y salud en el trabajo en los países que tengan más dificultades y se prestará apoyo técnico a las organizaciones sindicales a través de instituciones técnico-sindicales especializadas en SST, como por ejemplo el Instituto Laboral Andino o el Instituto Sindical para América Central y el Caribe.

Según cifras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Argentina, en el año 2008 (último sobre el que figuran registros en la página web del organismo) se notificaron 694.077 casos al Registro de Accidentes y Enfermedades Laborales. En tanto que el sector de actividad económica con mayor incidencia de AT/EP de todo el sistema continúa siendo el de la “construcción”, registrando 158,7 trabajadores accidentados por cada mil trabajadores cubiertos, seguido de “industrias manufactureras” (101,7%o) y “agricultura, caza, silvicultura y pesca” (100,7%o).