Ocho Columnas : Columnas
Leo Zuckermann
Escritor y Periodista
A México le urgen cambios en su legislación laboral. No es posible que las empresas sigan operando con una ley que entró en vigor en 1970, cuando el Presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Mucho ha cambiado desde entonces. La población del país se ha duplicado. En lo económico, la globalización se ha profundizado. México pasó de tener un modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones a uno de apertura comercial, incluyendo un Tratado de Libre Comercio con los países vecinos del norte. En el mundo entero se ha producido una revolución tecnológica digital que ha cambiado las formas de trabajo. Y en lo político, México pasó de un régimen autoritario a uno democrático. Por donde se vea, en todos los sentidos, es indispensable adecuar la legislación laboral a estas nuevas realidades mundiales y nacionales.
De acuerdo a un documento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), «en los últimos doce años se han presentado, ante las Cámaras del Congreso de la Unión, 332 iniciativas para reformar integral o parcialmente» la Ley Federal del Trabajo (LFT). Propuestas no han faltado. Y ahora, el gobierno de Felipe Calderón, a través de los grupos parlamentarios del PAN, ha presentado otra iniciativa más, la cual contempla «modificar, derogar o adicional 419 de los 1,010 artículos» de la LFT vigente, sin cambiar los múltiples ordenamientos del artículo 123 de la Constitución.
Hay mucho que analizar de esta iniciativa tan amplia. En esta ocasión me concentro en una sola de las propuestas: la de permitir nuevas formas de contratación.
El documento de la STPC presenta un diagnóstico del problema laboral actual: empleo informal y desempleo. Por una parte, hay 21 millones de mexicanos que cuentan con un empleo informal, es decir, que no reciben los beneficios que otorga la LFT. Representan el 55% de los trabajadores ocupados, no asociados con el sector agropecuario. Más de la mitad del mercado laboral no tiene los mismos derechos que el resto de los trabajadores. Es claro: el mercado ha encontrado formas de emplear trabajadores por fuera de la ley.
Al problema de los trabajadores informales (desprotegidos por la ley) hay que sumar millones de mexicanos que están desempleados. Entre ellos destacan los jóvenes, donde uno de cada diez en edad de trabajar no encuentra empleo. Sin duda, México tiene que buscar formas de contratación para incentivar que los trabajadores informales sean contratados y gocen de derechos laborales, además de incentivar la generación de nuevos empleos.
El gobierno panista está proponiendo cambiar la LFT a fin de incorporar «nuevas modalidades de contratación individual». Habría trabajadores «a prueba» (de uno a seis meses improrrogables), de «capacitación inicial» (de tres a seis meses improrrogables) y de «temporada» (para actividades discontinuas, es decir, sin la necesidad de ser contratados ocho horas diarias por seis días de la semana). Además, se permitiría el «trabajo por hora».
En estas épocas de globalización económica y digitalización tecnológica resulta sensato que un trabajador pueda ser contratado por temporadas o por horas. Por ejemplo, que alguien pueda emplearse temporalmente en maquiladoras que tienen ciertos periodos picos de gran intensidad productiva. O que una persona pueda laborar por horas en un call-center e incluso que pueda hacerlo desde su hogar.
En fin, el reto es que la ley laboral incentive la generación de empleos formales donde los trabajadores tengan garantizados sus derechos. No lo que tenemos hoy, donde más de la mitad de los empleados está en la informalidad y otro tanto en el desempleo. Por eso me gusta la propuesta de incorporar nuevas formas de contratación en la LFT.
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