España se ha marcado como objetivo durante su presidencia de la UE trabajar para que las organizaciones sindicales y empresariales europeas tengan un papel más relevante en la discusión de las reformas económicas que los Veintisiete tienen en perspectiva para salir de la crisis.
El reforzamiento del diálogo social es una de las metas compartidas con Bélgica y Hungría, los países que tomarán el testigo al frente de la UE después de España, según consta en el programa provisional de las tres presidencias, al que ha tenido acceso Efe.
España considera que "la activa cooperación" de los interlocutores sociales y su "compromiso" en la tarea de la reactivación económica son "cruciales" en la renovación de la llamada Estrategia de Lisboa, diseñada en 2000 con el fin de sentar las bases una nueva economía europea más dinámica y competitiva.
La presidencia española tendrá el cometido de abrir los debates para perfilar la nueva estrategia, en el que uno de sus pilares será la recuperación del empleo.
Para el Gobierno, la implicación de los sindicatos y empresarios, "preservando su autonomía", debe ser "a todos los niveles" con el fin de dar más solidez a las reformas económicas.
La patronal -BusinessEurope- y la Confederación Europea de Sindicatos participan en la llamada cumbre social tripartita, que se reúne dos veces al año junto con las instituciones comunitarias antes de las cumbres informales de primavera y otoño.
España, al igual que Bélgica y Hungría, quiere que este foro tenga en el futuro "un mayor papel y más visibilidad" para representar mejor a todos los sectores de la sociedad y responder "a las "expectativas de los ciudadanos", añade el documento.
La nueva política laboral debe tener entre sus referencias el compromiso con el medioambiente y el cambio demográfico por el envejecimiento de la población, según el trío de presidencias.
España defenderá la promoción de los "empleos verdes" y de nuevas demandas del mercado laboral, además de la igualdad de oportunidades y el rechazo de cualquier discriminación.
El Gobierno es partidario de combatir la precariedad del empleo y la desprotección laboral, porque si bien "pueden traer resultados a corto plazo, menoscabaría la prosperidad a largo plazo y los derechos sociales y laborales de los ciudadanos de la UE".
La presidencia española aboga por "más y mejores trabajos", combatiendo los contratos sin cobertura y la economía sumergida.
La mejora y modernización de los sistemas de protección social y de pensiones para garantizar su "eficacia y sostenibilidad" es también una meta para España, al considerar que "reforzaría la cohesión y la solidaridad".
Para el trío, "un alto nivel de protección social no debe interpretarse como un mero gasto público, sino como un factor que contribuirá al crecimiento económico, al empleo y a la cohesión social", según dice el programa económico provisional.
La lucha contra el fraude fiscal se une a los objetivos en materia económica, para lo que ven recomendable celebrar una conferencia monográfica dentro del próximo año y medio.
En el plano financiero, el objetivo es "reforzar la estructura de supervisión" de los mercados y su regulación, en sintonía con las directrices marcadas por el G-20.
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