El paquete presentado por el Ejecutivo tuvo el tino de no gustarle a nadie (ni siquiera a quien escribe estas líneas). Resulta que la esperada y urgente reforma fiscal terminó por apuntarle con bala de cañón al único segmento de la población que paga impuestos en este país: la clase media que trabaja en el sector formal. Por el contrario, no hace nada por incentivar la productividad de la mano de obra ni por la competitividad de las empresas, vamos, no hace nada por motivar la reintegración de la economía informal al sector que contribuye a la recaudación.
Visto por partes:
La ampliación del impuesto al consumo (inocentemente llamado para el combate a la pobreza), parece una buena idea en principio, en tanto hace más democrática la recaudación. Sin embargo, amplía la tasa del IVA hasta 17%. No sé a usted amigo lector, pero me parece más justo un IVA generalizado por debajo del 15% actual (tal vez en 10%) pero que se pague parejo. Esta formula inclusive recauda más ingresos. La zanahoria de este nuevo tributo es que ese dinero será etiquetado para uso en el combate a la pobreza; pero en tanto no se resuelvan los problemas de operación de los programas de transferencias sociales que hoy día existen, estos recursos sólo servirán para dos cosas: incentivar la pobreza, e incentivar a todos esos grupos de capacidades camaleónicas que se disfrazan de gente necesitada para recibir rentas adicionales.
La ampliación del IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios) es un claro desincentivo a la competitividad de sectores clave. Puesto en leguaje económico, estos productos especiales como la gasolina, el alcohol y los cigarros, tienen la peculiaridad de que no son muy sensibles a cambios en el precio; es decir, si se les agrega un impuesto, la demanda por ellos no se ve severamente afectada. Bueno, pero para todo hay niveles. Sólo piense usted que por cada cerveza que se tome en 2010, 30% serán impuestos. Otro punto es que los llamados productos especiales se extienden ahora hasta sectores que sí son muy sensibles a cambios en los precios, como las telecomunicaciones que con la propuesta fiscal tendrán un gravamen acumulado de 21% (15% de IVA, mas 2% de contribución a la pobreza, mas 4% de IEPS).
La ampliación del ISR de 28% a 30% le clava de estaca a la clase media que pagamos impuestos sobre el producto de nuestro trabajo, y hace lo mismo con las empresas. Como referencia, sólo estudie usted qué pasó con los indicadores de inversión cuando se instituyó el IA (impuesto al activo) durante la gestión del Dr. Pedro Aspe como secretario de Hacienda. El resto es historia, porque ampliar el ISR limita la inversión y la consecuente creación de empleos.
Concluyendo, el paquete fiscal no propone nada por hacer que el más productivo pague menos proporcionalmente, no toca la amplia base de regimenes especiales corporativos (sindicatos, empresarios, etcétera), no menciona como facilitar el proceso recaudatorio, y mucho menos incentiva la inversión.
Estos argumentos no son nuevos, ya nos los aprendimos en misceláneas anteriores; inclusive México ya sabe que resultados dan, y sabe que no son los que el país está buscando. Eso hace que uno se pregunte, si el Ejecutivo ya sabe que con esa receta sale amarga la sopa, y los legisladores ya saben que sus quejas y sugerencias “retro” no hacen sino echarla a perder todavía más, por qué no cambian de recetario…
*Rodrigo Centeno dirige el análisis económico en el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC)
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