Antecedentes
En 2001, las Naciones Unidas instó a los Estados partes a elaborar y poner en práctica medidas preventivas y políticas que eliminen manifestaciones de racismo, xenofobia o formas conexas de intolerancia.
El artículo 3, de la Constitución Política, aprobada el año pasado, en el marco de los deberes primordiales del Estado, garantiza sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Carta Magna y los instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
El Decreto 60, promulgado la semana pasada, que pretende eliminar el racismo y todo tipo de prácticas excluyente en contra de los grupos étnicos minoritarios del país, es aplicable, según líderes de las principales instituciones que agrupan a afroecuatorianos, indígenas y montubios.
El Decreto, el cual incluye entre sus artículos una medida legal para asegurar la inserción del grupo étnico, establece que en las instituciones públicas tiene que haber plazas para dichas etnias.
El documento reza: “...En todas las instancias del Estado se procurará el acceso laboral de afroecuatorianos e indígenas y montubios en un porcentaje no menor a la proporción de su población”.
Además, en el artículo 4 se indica que en los concursos de merecimientos para el sector público se adoptarán criterios de valoración que contemplen la igualdad étnica, además de la experiencia y la formación profesional, para llenar las vacantes.
Jhon Antón, técnico de la Corporación de Desarrollo Afroecuatoriano (Codae), institución que impulsó la instauración del Decreto, explica que este instrumento legal es viable porque se combate la discriminación en un espacio específico como el laboral.
“Para nadie es un secreto que los afroecuatorianos somos los más discriminados. Los índices de desempleo demuestran que representamos la mayor tasa de personas sin trabajo”, dice Antón.
De acuerdo con las cifras de las tasas de desempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de hace dos años, el 11% de los afro no tiene trabajo (en el país existen 604.000).
Por esa razón, añade Antón, quien este año participó en la elaboración del Plan Nacional Contra la Discriminación, era necesario el Decreto. No obstante, él cree que su aplicación íntegra será posible una vez que se conformen los Consejos Nacionales de Igualdad, y adicionalmente se constituya un observatorio contra el discrimen y se elabore una ley que elimine la exclusión.
Mientras eso pasa, igual indica que “lo importante es analizar cómo se aplica el plan. La sociedad civil tiene que asumir la vigilancia del cumplimiento del decreto y verlo como una reivindicación de derechos”.
Los ciudadanos que se verían beneficiados por esta norma, también evidencian sus expectativas. Henry Casierra, afrodescendiente, es uno de los que espera el cumplimiento de la nueva disposición estatal.
Él trabaja cerca de la Gobernación del Guayas consiguiendo clientes para un abogado que tiene un despacho en el centro de la ciudad. “No tengo un sueldo fijo. Gano por cliente que lleve al despacho. Pero me gustaría tener un empleo estable. Si el Decreto se cumple enviaré mi carpeta a las entidades públicas”, dice Casierra, quien estudió Derecho hasta segundo año, pero abandonó la carrera por falta de dinero y trabajo.
En la misma situación de trabajo informal vive Fernando Guamán, miembro del colectivo indígena. Él comercia confites como vendedor ambulante, pese a que culminó sus estudios secundarios. Aun así -afirma- desde hace cinco años envía sus hojas de vida a empresas públicas y privadas y no es empleado.
“Creo que no les gusta mi apariencia de indígena”, opina Guamán, quien tiene su cabellera larga recogida en una trenza.
Por casos como los citados, Ángel Medina, titular del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos (Codenpe), considera necesaria la disposición.
El titular de dicha institución, que debe proteger los derechos de 830.418 indígenas, opina que no es lo ideal en una sociedad democrática imponer esas cuotas, pero, manifiesta, el racismo en el país existe y por lo tanto la normativa se vuelve necesaria.
De hecho, el Decreto también cita al racismo como una de las razones para emitirse. En él se detallan las estadísticas de la encuesta sobre discriminación racial hecha en 2004, la cual señala que el 65% de los ecuatorianos admite la existencia del racismo y la discriminación y el 10% reconoce practicarlo. Aquella encuesta evidencia, además, que en el 88% de casos de racismo los afro son las víctimas.
Medina agrega que, si bien es cierto que un Decreto no elimina el racismo, es un elemento que ayuda a trabajar a favor de los derechos del colectivo. “Asimismo, sería importante que, para hacer más efectivo el trabajo, desde la Asamblea Nacional, se impulsaran leyes que nos permitan combatir el maltrato y discriminación”, señala.
A la vez Medina advierte que “los porcentajes que se designen para la inserción en las entidades públicas vayan acorde a una estadística actual de la cantidad de poblaciones existentes”.
Mientras que Luis Alvarado, del Consejo de Desarrollo del Pueblo Montubio de la Costa, colectivo compuesto por 350.000 personas, expresa que al Decreto hay que apreciarlo como un arma legal y una iniciativa, pero aquello debe ir acompañado por gente representativa de la etnia que haga cumplir la disposición. “Solo se requiere que personal preparado del Gobierno participe y la intervención activa de los pueblos involucrados en el tema”, sostiene Alvarado. (JTB).
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