Secretario General de l
a Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO Publicado por Revista Interquorum No. 7
La creación de empleos de calidad, esto es con el goce de los derechos laborales y el respeto la dignidad de la persona, debe inevitablemente conducir al Estado a una labor de fomento e incentivo de toda buena práctica laboral que tienda al logro de tal objetivo. Ello obliga a que sean los propios actores sociales tengan como convicción que sólo una conducta respetuosa de la legislación y los derechos en el trabajo hace sostenible y competitivo un proyecto empresarial y, además, contribuye a la creación de una cultura de cumplimiento de los derechos laborales.
Dentro de este orden de ideas, es necesario precisar que la búsqueda de la competitividad de las empresas, no emergerá como un correlato al cumplimiento –por parte de los empleadores- de las normas laborales o de los convenios fundamentales que promueve la Organización Internacional del Trabajo, sino que en nuestro entender será a causa de la política económica del Gobierno, que cree las condiciones y el marco jurídico, político e institucional apropiados que propicien la generación de empleo.
Haciendo un paréntesis debemos de señalar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Conferencia del año 1999 precisó que “El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”. Este propósito se ha plasmado en cuatro objetivos estratégicos: el empleo pleno, mejores niveles de seguridad socioeconómica, el respeto universal a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social. La tarea es elaborar un planteamiento integral de la política económica y social en el contexto de trabajo decente, puesto que las dos son políticas de desarrollo que tienen una misma finalidad: mejorar el bienestar económico y social de la población gracias al desarrollo económico. No se pueden trazar políticas acertadas mientras no se sepa qué quiere alcanzar el país.
Asimismo, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo es el único contenido universal del trabajo decente, dado que la Declaración constituye una herramienta de práctica y de promoción de que dispone la OIT para promover el progreso social en el mundo moderno. Al tiempo que se reconoce la pertinencia de las normas laborales fundamentales, el trabajo decente no depende de la ratificación de la totalidad de las normas laborales internacionales del trabajo, puesto que si se produjera una ratificación automática de todos los convenios internacionales crearía rigideces en el mercado de trabajo, dificultaría la creación de empleo, desembocaría en una expansión de la economía informal al hacer aún más costoso excesivo el marco reglamentario, crearía un entorno económico que carecería de atractivo para la inversión y afectaría negativamente a las economías (como la nuestra) que está tratando de volverse competitiva.
Un factor de importancia que repercute de manera positiva sobre las condiciones de trabajo y por extensión, sobre el trabajo decente, es la mejora de la productividad. El objetivo de la creación de mayores oportunidades para que el ciudadano se asegure un trabajo decente contribuye a mejorar el nivel de vida.
Pero entendemos que para llegar a una mejora en la competitividad resulta necesario superar diversos factores negativos, principalmente (a nuestro entender) el de la falta de educación y de calificaciones adecuadas para integrarse en la economía formal, puesto que esta carencia genera que muchos trabajadores no puedan acceder a los empleos disponibles, así como impide la creación de nuevos puestos de trabajo para los que se requiere una fuerza de trabajo educada y calificada e incluso genera la creación de puestos de trabajo informal.
Debemos de tener en cuenta que el rol fundamental de la empresa en la sociedad es la creación de riqueza y el desarrollo empresarial, factores que constituyen la fuente principal de generación de empleo. La creación de empresas y el empleo es el ingrediente crucial para el funcionamiento y desarrollo de las sociedades. El desarrollo de las políticas nacionales apropiadas para crear un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleo, requiere de inversión en infraestructura física y social, impulsar la productividad y lograr la competitividad y, como lógica consecuencia, la distribución del ingreso que garantice la cohesión social, creando las condiciones necesarias para lograr un equilibrio entre la población y el trabajo, conducentes a un verdadero desarrollo sustentable.
Consideramos que la creación de empleo no puede lograrse sin un entorno jurídico y político propicio, tanto para la creación de nuevas empresas como para el crecimiento, dado que los nuevos empleos proceden de empresas competitivas que son capaces de proporcionar bienes y servicios que puedan comercializarse en el mercado nacional e internacional. Dicho entorno ha de apoyarse en la estabilidad institucional; normas claras; bajos costos de transacción que permitan la creación de empresas; el acceso al capital; una estrategia de crecimiento de las exportaciones; un ambiente propicio para las inversiones; el apoyo al desarrollo de las pequeñas empresas; políticas que promuevan la productividad y competitividad, y políticas que permitan que los trabajadores, en especial los jóvenes que se integran al mercado laboral tengan las capacidades necesarias para absorbe
r las oportunidades de trabajo y obtener una remuneración acorde con su preparación educativa.
Debemos de señalar por último que el concepto de trabajo decente debería vincularse de manera más expresa a la competitividad, que resulta indispensable para el crecimiento y desarrollo socioeconómicos. Según una definición de la OCDE , competitividad significa: “La medida en que un país puede, en condiciones justas de libre mercado, producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, mantengan y aumenten los ingresos reales y mejoren las condiciones de vida de su población a largo plazo”. El reto radica (en nuestro concepto) en formular políticas de trabajo decente que tengan presentes las capacidades nacionales, y que desemboquen en un equilibrio efectivo de las necesidades económicas y las necesidades sociales, logrado gracias a una economía nacional competitiva.
Por: Dr. Marco Antonio Paz Ancajima
a Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO Publicado por Revista Interquorum No. 7La creación de empleos de calidad, esto es con el goce de los derechos laborales y el respeto la dignidad de la persona, debe inevitablemente conducir al Estado a una labor de fomento e incentivo de toda buena práctica laboral que tienda al logro de tal objetivo. Ello obliga a que sean los propios actores sociales tengan como convicción que sólo una conducta respetuosa de la legislación y los derechos en el trabajo hace sostenible y competitivo un proyecto empresarial y, además, contribuye a la creación de una cultura de cumplimiento de los derechos laborales.
Dentro de este orden de ideas, es necesario precisar que la búsqueda de la competitividad de las empresas, no emergerá como un correlato al cumplimiento –por parte de los empleadores- de las normas laborales o de los convenios fundamentales que promueve la Organización Internacional del Trabajo, sino que en nuestro entender será a causa de la política económica del Gobierno, que cree las condiciones y el marco jurídico, político e institucional apropiados que propicien la generación de empleo.
Haciendo un paréntesis debemos de señalar que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su Conferencia del año 1999 precisó que “El objetivo primordial de la OIT es promover oportunidades para que las mujeres y los hombres consigan un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana”. Este propósito se ha plasmado en cuatro objetivos estratégicos: el empleo pleno, mejores niveles de seguridad socioeconómica, el respeto universal a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y el diálogo social. La tarea es elaborar un planteamiento integral de la política económica y social en el contexto de trabajo decente, puesto que las dos son políticas de desarrollo que tienen una misma finalidad: mejorar el bienestar económico y social de la población gracias al desarrollo económico. No se pueden trazar políticas acertadas mientras no se sepa qué quiere alcanzar el país.
Asimismo, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo es el único contenido universal del trabajo decente, dado que la Declaración constituye una herramienta de práctica y de promoción de que dispone la OIT para promover el progreso social en el mundo moderno. Al tiempo que se reconoce la pertinencia de las normas laborales fundamentales, el trabajo decente no depende de la ratificación de la totalidad de las normas laborales internacionales del trabajo, puesto que si se produjera una ratificación automática de todos los convenios internacionales crearía rigideces en el mercado de trabajo, dificultaría la creación de empleo, desembocaría en una expansión de la economía informal al hacer aún más costoso excesivo el marco reglamentario, crearía un entorno económico que carecería de atractivo para la inversión y afectaría negativamente a las economías (como la nuestra) que está tratando de volverse competitiva.
Un factor de importancia que repercute de manera positiva sobre las condiciones de trabajo y por extensión, sobre el trabajo decente, es la mejora de la productividad. El objetivo de la creación de mayores oportunidades para que el ciudadano se asegure un trabajo decente contribuye a mejorar el nivel de vida.
Pero entendemos que para llegar a una mejora en la competitividad resulta necesario superar diversos factores negativos, principalmente (a nuestro entender) el de la falta de educación y de calificaciones adecuadas para integrarse en la economía formal, puesto que esta carencia genera que muchos trabajadores no puedan acceder a los empleos disponibles, así como impide la creación de nuevos puestos de trabajo para los que se requiere una fuerza de trabajo educada y calificada e incluso genera la creación de puestos de trabajo informal.
Debemos de tener en cuenta que el rol fundamental de la empresa en la sociedad es la creación de riqueza y el desarrollo empresarial, factores que constituyen la fuente principal de generación de empleo. La creación de empresas y el empleo es el ingrediente crucial para el funcionamiento y desarrollo de las sociedades. El desarrollo de las políticas nacionales apropiadas para crear un ambiente propicio para el crecimiento económico y la creación de empleo, requiere de inversión en infraestructura física y social, impulsar la productividad y lograr la competitividad y, como lógica consecuencia, la distribución del ingreso que garantice la cohesión social, creando las condiciones necesarias para lograr un equilibrio entre la población y el trabajo, conducentes a un verdadero desarrollo sustentable.
Consideramos que la creación de empleo no puede lograrse sin un entorno jurídico y político propicio, tanto para la creación de nuevas empresas como para el crecimiento, dado que los nuevos empleos proceden de empresas competitivas que son capaces de proporcionar bienes y servicios que puedan comercializarse en el mercado nacional e internacional. Dicho entorno ha de apoyarse en la estabilidad institucional; normas claras; bajos costos de transacción que permitan la creación de empresas; el acceso al capital; una estrategia de crecimiento de las exportaciones; un ambiente propicio para las inversiones; el apoyo al desarrollo de las pequeñas empresas; políticas que promuevan la productividad y competitividad, y políticas que permitan que los trabajadores, en especial los jóvenes que se integran al mercado laboral tengan las capacidades necesarias para absorbe
r las oportunidades de trabajo y obtener una remuneración acorde con su preparación educativa.Debemos de señalar por último que el concepto de trabajo decente debería vincularse de manera más expresa a la competitividad, que resulta indispensable para el crecimiento y desarrollo socioeconómicos. Según una definición de la OCDE , competitividad significa: “La medida en que un país puede, en condiciones justas de libre mercado, producir bienes y servicios que superen la prueba de los mercados internacionales y, al mismo tiempo, mantengan y aumenten los ingresos reales y mejoren las condiciones de vida de su población a largo plazo”. El reto radica (en nuestro concepto) en formular políticas de trabajo decente que tengan presentes las capacidades nacionales, y que desemboquen en un equilibrio efectivo de las necesidades económicas y las necesidades sociales, logrado gracias a una economía nacional competitiva.
Por: Dr. Marco Antonio Paz Ancajima
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