Tenemos un problema porque algunas madres de estudiantes de colegios de la ciudad denunciaron que algunos de sus hijos se habían intoxicado después de haber consumido alimentos comprados en las afueras de sus lugares de estudio", señaló la concejal María Regina Zuluaga.
Según ella, en la ciudad han reportado casos de irregularidades y les es decomisado el material de trabajo, sin embargo, vuelven a los pocos días.
"Sería injusto quitarles a esas personas la única forma que tienen de ganar un pequeño ingreso, pero lo cierto es que tenemos que regularizar la situación para poder garantizar la seguridad de los alumnos de la ciudad", agregó Zuluaga.
La Subsecretaría de Espacio Público ya inició un programa de registro de los venteros en 800 instituciones , con el fin de saber quiénes trabajan en esos lugares y poder controlar la actividad que realizan.
"Vamos a hacer es un perfil socioeconómico de las personas que trabajan en esos lugares para asegurarnos de que necesitan hacerlo, luego vamos a capacitarlos en manejo de alimentos, para que podamos exigirles un buen manejo sanitario de estos", advirtió el titular de esa cartera, César Arango.
El funcionario agregó que Espacio Público está trabajando de la mano con la Secretaría de Salud para hacer controles en ese sentido a quienes manipulan los alimentos en esos lugares.
Seguridad también es objetivo.
Según Espacio Público el problema de venta de estupefacientes ha mejorado ostensiblemente en los colegios con el plan Padrinos, que básicamente pone a algunos agentes de Policía en los alrededores de las instituciones para que estos controlen a los vendedores.
Además, anunció que dentro del proceso de regularización se están verificando los posibles antecedentes penales de los comerciantes informales.
JUAN DIEGO URREA PUEGUI
MEDELLÍN
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