El Presidente de la República, Sebastián Piñera, ha enviado al Congreso un proyecto de ley que aligera el proceso legal para la constitución de nuevas empresas. La iniciativa se inserta en una definición programática de su administración: crear las condiciones jurídicas y materiales que faciliten el desarrollo de nuevos emprendimientos y negocios. Se trata de un componente fundamental de lo que fue su oferta electoral en la campaña del año pasado y se alinea con el objetivo de dar un salto adelante en materia de crecimiento.
El texto presentado al Parlamento considera reducir de 27 a 16 días el número de días que se requieren para constituir una empresa, lo que conlleva además disminuir el costo de 600 mil a 300 mil pesos. Asimismo, se simplificará la obtención de la patente municipal, por la vía de entregar una de carácter provisorio que por el solo imperio de la ley se convertirá en definitiva una vez acabados los respectivos trámites. En tercer lugar se incluye bajar las exigencias de publicidad de los actos de las sociedades, haciéndola por medios electrónicos y gratuitos. Piñera ha planteado a su ministro de Economía la meta de volver a acortar tiempos y recursos antes de que concluya 2010.
No obstante, el Mandatario también ha incluido en la agenda una proposición contenida en el paquete legislativo orientado a allegar fondos para la reconstrucción posterremoto y que disminuye el impuesto de timbres y estampillas a 0,6%. En torno a esta modificación tributaria se ha producido un fuerte debate en el Senado entre el gobiernismo y la oposición.
Una extendida percepción apunta a que en Chile habita en el aparato público una cultura burocrática que dificulta la innovación y el ejercicio de la libertad e iniciativa individual, una cultura en exceso legalista y reguladora que es cualitativamente diferente de la forma en que se facilita el emprendimiento en naciones con mayor nivel de riqueza. Desde luego no es ésta una característica privativa de este país, ya que las raíces de tal fenómeno pueden rastrearse en la pesadez del Estado heredado de la formación institucional del continente.
Esta realidad ha conducido, de hecho, al surgimiento en la región de una economía informal, autosuficiente y precaria en reglas. Debido a esta naturaleza histórica del actor estatal es que ayer el Presidente ha subrayado la necesidad de cambiar el paradigma de la articulación entre las personas y el Estado.
Fomentar la creación de empresas es clave en el propósito de hacer avanzar y crecer la producción y, por lo mismo, eliminar o reducir las barreras de entrada resulta decisivo. Los antecedentes muestran que las pymes son 99% de las unidades económicas del país y crean 60% del empleo, aunque sólo representan 25% de las ventas y apenas 2,5% de las exportaciones. Estos números son reveladores de la urgencia de continuar creando marcos legales, políticos y materiales que estimulen el emprendimiento y la innovación.
No hay comentarios:
Publicar un comentario